En una extensa y acalorada jornada legislativa, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la polémica modificación a la Ley de Glaciares. Con la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desde uno de los balcones del recinto, el oficialismo y sus aliados lograron sancionar la norma que redefine los alcances de la protección ambiental en zonas cordilleranas, flexibilizando las condiciones para la explotación minera.
La iniciativa, fuertemente impulsada por los gobernadores de las provincias mineras del norte y Cuyo, se convirtió en ley con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.
Los números y alianzas del recinto
Para alcanzar la mayoría, La Libertad Avanza contó con el respaldo estratégico del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo (San Juan). Además, sumaron votos de legisladores como Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas. El dato de color de la sesión fue el apoyo de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Por el lado de los rechazos (111 votos), se encolumnaron la gran mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, los miembros del Frente de Izquierda y figuras de peso como Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal). Las tres abstenciones correspondieron a Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) y Karina Maureira (La Neuquinidad).
Un debate cruzado por la ciencia, las inversiones y el federalismo
El tratamiento del proyecto estuvo marcado por fuertes discursos cruzados. Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), defendió la norma argumentando que “no altera el paradigma de protección”, sino que le otorga la posibilidad a las provincias de realizar estudios ambientales propios en áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) no tiene bajo control.
En la misma línea, Daiana Fernández Molero (PRO) pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos que vienen por el agua y las almas bellas ambientalistas”, mientras que Darío Schneider (UCR) destacó la necesidad de “perfeccionar las facultades de las provincias sobre futuras inversiones”.
La oposición, en cambio, denunció el carácter inconstitucional y regresivo de la ley. La científica y diputada Adriana Serquis (UP) advirtió que la norma se basa en datos “no científicos” y, maqueta en mano, ilustró el impacto negativo de la explotación en zonas periglaciares que “dan de beber a 7 millones de habitantes”.
Por su parte, Miguel Pichetto argumentó su voto negativo defendiendo el control nacional de los recursos: “La Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se delegan alegremente atribuciones propias de la Constitución. El argumento de necesitar inversiones es falaz, ya que en 15 años de la ley original, las inversiones crecieron exponencialmente”.
En el cierre, Máximo Kirchner (UP) cuestionó el modelo extractivista: “Nadie dice que no vengan a invertir, pero una cosa es que el pueblo les fije las condiciones, y otra es que este Congreso les dé patente de corso. Se está regalando al país”.
A pesar de los encendidos rechazos, el oficialismo logró su cometido y la reforma minera ya es ley, marcando un nuevo y controvertido capítulo en la política ambiental y económica del país.