La Cámara de Diputados se prepara para retomar su actividad legislativa con un tema económico central en la agenda de agosto. Finalizadas las vacaciones de invierno, el oficialismo impulsará el tratamiento del proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una herramienta con la que el Gobierno busca incentivar la incorporación al sistema financiero de los dólares que continúan fuera del circuito formal.
Para avanzar con la iniciativa, La Libertad Avanza (LLA) deberá aceitar el diálogo y buscar consensos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Innovación Federal y diversas terminales provinciales, replicando las alianzas tejidas en diciembre pasado. Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal.
Con un interbloque propio de 95 legisladores, el oficialismo necesita alcanzar los 129 votos para abrir el recinto y sancionar la ley. Por este motivo, resulta clave el respaldo de espacios como Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo, y los legisladores de La Neuquinidad, además de buscar sumar adhesiones en el bloque Provincias Unidas.
Los ejes centrales de la reforma
El propósito del proyecto es destrabar el ingreso de aquellos capitales que aún permanecen atesorados de manera informal —los denominados dólares “del colchón”—, un segmento donde todavía persiste desconfianza hacia el sistema financiero. De acuerdo con estimaciones, aún quedarían sin declarar unos 170.000 millones de dólares en poder de particulares.
Entre las principales modificaciones que impulsará el oficialismo se destaca la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, un beneficio que hasta el momento estaba restringido únicamente a contribuyentes con ingresos anuales muy elevados y un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos.
Asimismo, otro punto clave de la normativa modifica los parámetros de control fiscal por parte del organismo recaudador (ARCA). Mientras que la legislación vigente prevé revisiones ante discrepancias superiores al 15% entre los ingresos y los bienes declarados, el nuevo proyecto eleva ese margen de tolerancia hasta el 30%.
La postura del peronismo y los funcionarios públicos
Por su parte, el bloque de Unión por la Patria adelantó que buscará introducir modificaciones al texto, centrando su eje en los contribuyentes “políticamente expuestos”. La intención del opositor es prohibir de manera taxativa que los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado y sus familiares directos puedan beneficiarse de este régimen de declaración simplificada.
Esta propuesta legislativa —impulsada por sectores de la oposición— surge en consonancia con los debates parlamentarios en torno a las declaraciones juradas y los mecanismos de transparencia para quienes ejercen cargos en la función pública.