La contundente victoria obtenida el pasado miércoles con la sanción de la polémica reforma a la Ley de Glaciares funcionó como una inyección de energía para el Gobierno nacional. El presidente y sus ministros celebraron con euforia el resultado en el recinto, entendiendo que este triunfo es la clave para recuperar la iniciativa política tras varias semanas de parálisis legislativa, marcadas por el impacto de las investigaciones judiciales y periodísticas que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Para no perder este impulso, la Casa Rosada ya trabaja en una agenda legislativa de doble vía (Diputados y Senado). Según fuentes oficiales, la mesa política del oficialismo se reunirá la próxima semana para afinar los detalles de una ambiciosa batería de proyectos, entre los que destacan la “Ley Hojarasca”, un tratado internacional sobre propiedad intelectual y la ley de propiedad privada.
La “Ley Hojarasca”: derogaciones insólitas y un golpe al peronismo
El objetivo más inmediato del oficialismo en la Cámara de Diputados es avanzar con la denominada “Ley Hojarasca”. Este proyecto, diseñado y redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene como meta derogar alrededor de 70 leyes vigentes que el Ejecutivo considera obsoletas o inútiles.
De acuerdo a la hoja de ruta trazada por el Gobierno, el proyecto obtendría dictamen el martes 21 de abril para ser debatido en el recinto el miércoles 22.
¿Qué incluye el proyecto de Sturzenegger?
- Leyes insólitas: Propone eliminar normativas anacrónicas que siguen vigentes, como la exigencia de tramitar un “carnet de mochilero” para hacer dedo en las rutas, o una ley que inhabilita a funcionarios públicos para “azotar personas”.
- Recortes políticos: El punto más sensible del proyecto es la eliminación de los aportes estatales a entidades como la Federación Argentina de Municipios (FAM), un histórico bastión de poder del peronismo bonaerense.
Propiedad Intelectual: a la caza de la piratería
En esa misma sesión del 22 de abril, el oficialismo prevé llevar al recinto el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Se trata de un compromiso asumido por la Argentina en el marco de un acuerdo de libre comercio firmado con los Estados Unidos, el cual tiene como fecha límite de aprobación el próximo 30 de abril.
Este proyecto, que comenzará a tratarse en comisión la próxima semana, busca alinear al país con los parámetros internacionales de propiedad intelectual. Es una demanda histórica de diversas entidades norteamericanas —desde grandes laboratorios hasta la industria textil— que reclaman acciones concretas contra las falsificaciones y la piratería, apuntando directamente a circuitos de venta ilegal como las ferias ambulantes de Once o el complejo de La Salada.
Para agilizar los tiempos, el oficialismo utilizará una maniobra legislativa: reactivará un proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado en el año 1998, pero que nunca fue votado en Diputados. Al tratarse de un convenio internacional, la iniciativa no pierde estado parlamentario a pesar del paso de las décadas, lo que le permite al Gobierno acortar el debate.