El Gobierno nacional oficializó este viernes una medida que busca transformar la gestión y el mantenimiento de la infraestructura vial del país. Mediante la publicación del Decreto 253/2026 en el Boletín Oficial, se facultó a nueve provincias a administrar, licitar y conservar los tramos de rutas nacionales que atraviesan sus respectivos territorios.
El objetivo central de esta disposición es descentralizar las funciones operativas, permitiendo que los gobiernos locales tengan injerencia directa sobre sus corredores productivos. Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos son: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Cobro de peajes, plazos y condiciones
La normativa establece que las jurisdicciones podrán otorgar las concesiones de obra pública a empresas privadas, entes públicos o esquemas mixtos. Este sistema se sostendrá financieramente mediante la implementación del cobro de peajes.
Sin embargo, el decreto impone límites claros y condiciones estrictas para llevar adelante estos procesos:
- Titularidad intransferible: La medida no implica la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal. La delegación es exclusivamente de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”.
- Límite de tiempo: Los contratos de gestión que se firmen con las empresas concesionarias tendrán un tope máximo de 30 años de vigencia, contados desde el momento de su aprobación.
- Convenios individuales: Para instrumentar la medida, cada provincia deberá firmar acuerdos particulares con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se detallarán los tramos exactos a transferir y el plan de obras requerido.
- Transparencia y tarifas: Las licitaciones deberán garantizar el respeto a los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”.
- Plazo de ejecución: Si una provincia firma el convenio correspondiente pero no convoca a licitación en el plazo de un año, se producirá la caducidad automática (“decaimiento”) de la delegación sobre ese tramo.
En cuanto a los controles, el texto especifica que el Ministerio de Economía funcionará como la autoridad de aplicación de este nuevo esquema, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad será la encargada de supervisar el estricto cumplimiento de los contratos.