El Gobierno nacional oficializó una drástica medida en el marco del estricto operativo de seguridad desplegado por la inminente visita del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. Para proteger las áreas donde el jefe de la Iglesia Católica concentrará sus actividades (la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba), el Poder Ejecutivo habilitó la interceptación y el derribo de “aeronaves hostiles” que representen una amenaza de origen externo.
La decisión fue formalizada mediante el decreto 1334/2026 publicado en el Boletín Oficial. El texto argumenta que los eventos encabezados por el Papa contarán con la asistencia de “numerosas autoridades nacionales y extranjeras” sumadas a la presencia masiva de fieles, un escenario que exige “adoptar especiales medidas para preservar los intereses vitales” contemplados en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554. El Comando Conjunto Aeroespacial será el encargado de ejercer la dirección y coordinación permanente de estas tareas preventivas.
El documento oficial hace una clara distinción legal: la medida busca asegurar “un adecuado ejercicio de la disuasión” frente a agresiones externas. Por el contrario, cualquier situación que involucre aeronaves de origen interno continuará bajo la órbita estricta de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, que solo admite el empleo de las Fuerzas Armadas en combate de forma excepcional y con la previa declaración del estado de sitio.
El derribo será siempre un “último recurso” destinado a anular la capacidad de vuelo del incursor. Para llegar a esa instancia, primero deberán agotarse obligatoriamente todos los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje. Una vez difundida la declaración de “hostil”, la acción requerirá la aprobación directa del ministro de Defensa, Carlos Presti, exigiéndose adoptar todas las precauciones necesarias para minimizar la probabilidad de daños colaterales a la vida y los bienes en la superficie.