El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo judicial en las últimas horas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó una nueva denuncia penal contra la entidad madre del fútbol local por la presunta comisión de delitos vinculados a la “salida no documentada de dinero”.
Según informaron fuentes judiciales, la investigación surge de tareas de fiscalización en las que se detectaron movimientos de fondos por un monto inicial de $375 millones que carecen del respaldo documental correspondiente. Las autoridades sospechan que podría tratarse de una maniobra de facturas apócrifas destinada a ocultar el destino real del dinero y evadir los controles fiscales. Además, advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avance la pesquisa.
Una estrategia de asedio judicial
Desde el Gobierno se encargaron de aclarar que “es una denuncia nueva, no una ampliación de la previa”. Esta distinción no es menor: marca una decisión política de profundizar el frente judicial contra la actual conducción de la AFA.
Esta ofensiva de ARCA corre en paralelo al proceso administrativo que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo ya intimó a la calle Viamonte a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores bajo la lupa.
La sombra de la intervención
Si bien el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó por el momento la designación de veedores judiciales, fuentes de la Casa Rosada aseguran que esa posibilidad “sigue latente”. La medida dependerá exclusivamente de lo que arroje el examen técnico de los papeles que la AFA debe entregar. El hallazgo de estas inconsistencias millonarias por parte de ARCA podría acelerar los tiempos y complicar la situación legal de la dirigencia deportiva.