El Gobierno nacional terminó de cerrar técnicamente el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y prevé enviarlo este miércoles a la Cámara de Diputados. La iniciativa, anunciada por Javier Milei el pasado 3 de septiembre, reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad vinculadas con la defensa de los intereses argentinos sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
El texto será incorporado al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para completar el circuito administrativo antes de su remisión al Congreso. El proyecto quedó estructurado en alrededor de seis títulos, luego de varios días de trabajo y ajustes sobre un articulado que, según fuentes oficiales, resultó complejo. La definición de los tiempos generó diferencias dentro del oficialismo, aunque desde el equipo técnico negaron que existiera un plazo definitivo previo para finalizar la redacción.
Entre los principales ejes se encuentra el endurecimiento de las herramientas contra empresas y actores vinculados con actividades económicas en las islas sin autorización argentina. El alcance contempla inicialmente el sector de hidrocarburos y podría abarcar también pesca, minería y otras actividades productivas. Además, la iniciativa propone crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer un régimen de protección de infraestructura crítica y proveedores estratégicos, con criterios de seguridad para redes, centros de datos y telecomunicaciones.
El paquete también incluye modificaciones vinculadas con la protección aeroespacial y la vigilancia del Atlántico Sur. El Gobierno busca precisar los procedimientos frente a aeronaves consideradas hostiles, sin establecer un derribo automático, y avanzar en la integración de radares, sistemas satelitales, telecomunicaciones e inteligencia de señales. La Base Naval Integrada de Ushuaia aparece como uno de los puntos centrales para concentrar información y fortalecer el monitoreo marítimo y aeroespacial.
La iniciativa llegará ahora a una nueva etapa de negociación política en Diputados. La Casa Rosada anticipó que buscará dialogar con bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR y espacios federales, para explicar los alcances del proyecto y recibir propuestas. A diferencia de otros proyectos, el oficialismo no prevé un tratamiento exprés: primero deberá avanzar en los acuerdos parlamentarios y definir el cronograma de comisiones antes de su eventual llegada al recinto.
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