El juez federal Ariel Lijo levantó los secretos fiscal, bancario y bursátil y ordenó una batería de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se abrió al presidente de la AFA y funcionario del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia.
El juzgado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero respecto de Tapia y ordenó veinte medidas para reconstruir su situación patrimonial, fiscal, financiera y laboral. Incluye pedidos de información a CEAMSE, ARCA, ANSES, Migraciones, BCRA, bancos, billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos, CNV, UIF, registros de propiedades, automotores, sociedades, aseguradoras y CONMEBOL, entre otros organismos.
El magistrado hizo lugar a lo requerido por el fiscal del caso Gerardo Pollicita y pidió las declaraciones juradas de Tapia en su carácter de funcionario público, informes de salidas del país, de sus sueldos en ese organismo y en la Commebol.
El juzgado reclamó “todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia en todos los períodos en los que prestó funciones en el CEAMSE, junto con sus anexos reservados”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Evolución fiscal y patrimonial
En la resolución se pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que remita las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, datos de inscripción tributaria, bienes registrados, pasivos, facturación emitida y recibida, retenciones, consumos y vínculos económicos que figuren en sus bases de datos sobre Tapia.
El pedido abarca información sobre inmuebles, vehículos, cuentas, depósitos, participaciones societarias, créditos, activos financieros y bienes en el exterior. También solicitó datos de eventuales operaciones con contribuyentes incluidos en la base de facturación apócrifa de ARCA.
Además deberá informarse al juzgado si los incrementos patrimoniales, los activos declarados, los gastos y los movimientos económicos registrados guardan relación con la capacidad contributiva exteriorizada por el dirigente futbolístico en los períodos en que percibió sueldos del CEAMSE.
También, deberá precisar si el investigado presentó declaraciones por ingreso o egreso de dinero ante el Sistema de Ingreso y Egreso de Valores, si tuvo sanciones por infracciones aduaneras y si figura como importador o exportador.
Bancos y entidades financieras
El tribunal ordenó al Banco Central que distribuya una circular entre las entidades bajo su órbita para establecer si Tapia tuvo productos bancarios o crediticios en cualquier carácter, como titular, cotitular, apoderado, autorizado o firmante.
En caso de existir registros, los bancos deberán entregar información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, operaciones de cambio, tarjetas, cajas de seguridad y transferencias al exterior. El requerimiento incluye los movimientos de crédito y débito, las fechas de apertura y cierre, los domicilios asociados y los antecedentes de apertura de cada cuenta.
También se solicitó información sobre billeteras virtuales, CVU, alias y cuentas de pago, además de los productos registrados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Pagos. La Compensadora Electrónica S.A. (COELSA) deberá aportar los datos disponibles sobre cuentas, transferencias, destinatarios, originantes y trazabilidad de fondos.
La pesquisa incluye criptoactivos, tarjetas y remesadoras
La Comisión Nacional de Valores (CNV) deberá requerir datos a los proveedores de servicios de activos virtuales inscriptos en su registro. El oficio contempla la identificación de cuentas o billeteras, documentación de conocimiento del cliente, movimientos, saldos mensuales, direcciones de billeteras externas, transacciones en cadena y datos técnicos de acceso.
En paralelo, el juzgado libró pedidos a Binance, Ripio, Belo, Ualá, OKX y otras plataformas de criptoactivos para que informen dentro de las próximas 72 horas si Tapia operó en ellas. Si hubiera registros, deberán remitir el legajo completo del cliente, las cuentas bancarias vinculadas, las direcciones de activos virtuales, las conexiones IP y las operaciones realizadas.
La resolución también requiere información a Visa, Mastercard y American Express sobre posibles cuentas y resúmenes vinculados con el investigado. Western Union, Correo Argentino, Banco Piano y otras empresas remesadoras deberán informar sobre envíos o recepciones de dinero, con identificación de las partes, montos y agencias intervinientes.
Datos laborales al CEAMSE, ANSES y Conmebol
El CEAMSE deberá entregar el legajo personal de Tapia, los ingresos que percibió desde su incorporación al organismo, los cargos que ejerció, las cuentas donde se acreditaron los fondos y las declaraciones juradas que hubiera presentado.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá que informar su historial laboral, empleadores, remuneraciones y beneficios previsionales o sociales. A la Dirección Nacional de Migraciones se le solicitó el detalle de los cruces fronterizos registrados durante el período bajo análisis.
El expediente también prevé enviar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay. El organismo deberá remitir el legajo laboral de Tapia, los cargos desempeñados, ingresos, cuentas de acreditación y documentación relacionada con sus designaciones.
Las medidas alcanzan a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, los registros de la propiedad inmueble de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el Registro General Inmobiliario de San Juan, el Registro Nacional de Buques y el Registro Nacional de Aeronaves.
El tribunal pidió que se informen las titularidades actuales e históricas de bienes muebles e inmuebles vinculadas con Tapia, junto con la documentación registral.
La Inspección General de Justicia (IGJ), la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y organismos equivalentes de otras provincias deberán informar si el investigado integró sociedades, asociaciones u otras personas jurídicas. En caso afirmativo, deberán remitir estatutos, balances, designaciones de autoridades, cambios en el capital y composición accionaria.
La Unidad de Información Financiera (UIF), por su parte, deberá elaborar un informe de colaboración con los antecedentes que obren en sus registros, incluidos reportes de operaciones sospechosas, pedidos judiciales y solicitudes de información provenientes de unidades antilavado del exterior.
Fuente Infobae