El oficialismo se enfrenta a una semana decisiva en el Senado de la Nación. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, tiene el desafío de destrabar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa considerada fundamental dentro del programa económico del Gobierno nacional.
El objetivo de la bancada oficialista es llevar el proyecto al recinto el próximo jueves 24, en una sesión que también incluiría el debate sobre la regulación del Mercado Voluntario de Carbono, un expediente impulsado por legisladores del norte del país. Sin embargo, para lograr el quórum y los votos necesarios, Bullrich deberá sortear la resistencia de los bloques dialoguistas respecto a un punto específico de la ley.
El conflicto por las remociones y designaciones
La principal traba en las negociaciones radica en el artículo 3 del proyecto, que modifica los mecanismos para nombrar y apartar a las autoridades de la entidad monetaria. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece que los directores serán designados por mayoría simple de ambas cámaras del Congreso, pero exige una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para su remoción.
“Hay ruido con los dos tercios para sacar a un director y mayoría simple para su designación”, advirtieron fuentes parlamentarias durante las negociaciones. En la actualidad, la Carta Orgánica estipula que los nombramientos son atribución exclusiva del Senado, mientras que la remoción puede ejecutarse mediante un decreto del Poder Ejecutivo (por mala conducta o incumplimiento de deberes), previo consejo de una comisión especial del Congreso.
El Gobierno presiona para mantener el texto original y evitar modificaciones, ya que cualquier cambio en la Cámara alta obligaría a devolver el proyecto a Diputados para un nuevo tratamiento.
Los ejes centrales de la reforma monetaria
Más allá del debate legislativo sobre los cargos, la reforma propone un cambio de paradigma en el funcionamiento del BCRA. El texto establece como objetivo primordial y exclusivo la preservación del valor de la moneda.
Para lograrlo, la normativa prohíbe terminantemente que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, a las provincias y a otras dependencias gubernamentales, eliminando así la emisión monetaria como mecanismo para cubrir el déficit fiscal. Además, se suprimen las facultades del Banco Central vinculadas al direccionamiento del crédito y a las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que dichas herramientas exceden las funciones estrictas de una entidad monetaria.
Bullrich deberá concentrar sus esfuerzos de diálogo en los próximos días para consolidar este avance legislativo, luego de una semana en la que el oficialismo logró dictámenes favorables en otros frentes, como la Ley de Inocencia Fiscal y la iniciativa de Zona Fría.
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