El Senado de la Nación aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional con 42 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención. El proyecto, que modifica la Ley 26.657, introduce cambios en las internaciones involuntarias, los equipos interdisciplinarios y la atención de personas con consumos problemáticos y otras adicciones. Con la media sanción obtenida, el texto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Uno de los cuestionamientos más contundentes vino del senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora, quien apuntó directo contra el fondo del debate: “El problema no está simplemente en la ley, está en los recursos. Y una vez más, con esta reforma, se les carga a las provincias con nuevas tareas, pero no se prevé un solo recurso para cumplirlas.” Para Zamora, la norma transfiere obligaciones a las jurisdicciones sin contemplar partidas presupuestarias concretas para hacerles frente.
El senador santiagueño también recordó que durante el tratamiento legislativo presentó una propuesta propia que, según denunció, no fue tomada en cuenta. Zamora cuestionó además el enfoque del Ejecutivo respecto a los equipos interdisciplinarios y el rol asignado a cada especialidad profesional dentro del nuevo esquema de atención. Para él, la clave es simple: “No se puede asignar nuevas obligaciones sin recursos.” Una práctica que, advirtió, se repite y que termina golpeando directamente el federalismo real, el de las provincias que tienen que ejecutar lo que la Nación legisla.
En la misma línea, la senadora sanjuanina María Celeste Giménez Navarro calificó la iniciativa como “una reforma regresiva” en un contexto donde, según dijo, el Gobierno “hizo del ajuste una política de Estado”. “Me parece una hipocresía que hablen de salud mental sin hacerse cargo del desastre que están haciendo con la política económica. La pobreza, la desigualdad y la incertidumbre económica influyen en la salud mental”, expresó.
Desde el oficialismo, la senadora puntana Ivanna Arrascaeta, miembro informante del proyecto, defendió la iniciativa al sostener que los resultados de la legislación vigente “han sido insuficientes” y que “hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas”. Antes de la votación, la ministra Patricia Bullrich también tomó la palabra y aseguró que la internación involuntaria seguirá siendo de carácter excepcional.