El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Zonas Frías, una medida que reestructura el esquema de tarifas energéticas y restringe fuertemente los subsidios al gas. Con esta nueva normativa, más de tres millones de usuarios de 90 ciudades ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis dejarán de percibir el beneficio que regía desde 2021. En contrapartida, la asistencia estatal general se mantendrá de manera exclusiva para los habitantes de la Patagonia, la Puna y la localidad mendocina de Malargüe.
El oficialismo logró la sanción de la iniciativa con 38 votos a favor, tras sellar un acuerdo previo con los gobernadores de las provincias del norte, a quienes se les garantizó un subsidio a la electricidad durante los meses de verano. Los apoyos provinieron de 21 legisladores de La Libertad Avanza, 4 radicales, 3 del PRO y senadores de diversos bloques provinciales. Por otro lado, la ley cosechó 8 rechazos (6 de la UCR y 2 de Movere Santa Cruz). Un dato político clave de la jornada fue la decisión del bloque peronista, liderado por José Mayans, de retirarse del recinto antes del inicio del debate, lo que obligó a los bloques aliados a garantizar el quórum por sus propios medios (37 presentes).
Según los cálculos del Gobierno, la reestructuración de estos subsidios permitirá reducir el déficit energético en unos 400 millones de pesos y facilitará el ordenamiento de las abultadas deudas que se mantienen con CAMMESA, la empresa administradora del mercado eléctrico mayorista.
El debate en el recinto: cruces por la quita del beneficio
La sesión fue abierta por la presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royon, quien defendió la medida argumentando la necesidad de avanzar hacia un sistema “mucho más justo”. La legisladora detalló que el nuevo esquema contempla “no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas” para subsidiar volúmenes de energía razonables y consumos indispensables.
Sin embargo, el proyecto enfrentó críticas de distintos sectores. El senador radical Maximiliano Abad denunció que la ley comete “actos de enorme injusticia”, al señalar que “mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”, destacando que 1,3 millones de bonaerenses perderán el beneficio. En la misma línea, el santacruceño José Carambia (quien votó en contra) advirtió sobre el elevado costo de vida en la región sur, el cual roza un 20% más que en la zona centro.
En defensa de la iniciativa, la senadora chubutense Edith Terenzi respaldó la reducción de la asistencia estatal, sosteniendo que el proyecto permite “recuperar un criterio de focalización que pone el foco en las verdaderas necesidades de cada región del país”.
Punto por punto: qué dice la nueva ley
Además de limitar la zona geográfica, la normativa establece que el descuento se aplicará únicamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, un punto fuertemente cuestionado por la oposición.
No obstante, el proyecto contempla excepciones sociales. Seguirán percibiendo el subsidio los hogares inscriptos en el ReNaBap, los veteranos de Malvinas y las familias que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, aquellos usuarios que pierdan el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja en sus tarifas si logran acreditar ingresos familiares inferiores a tres canastas básicas (actualmente unos 4,8 millones de pesos para un hogar tipo 2).
Por último, el texto aprobado incluye la prórroga del régimen de incentivos a las energías renovables hasta el año 2045 y establece un mecanismo formal para regularizar las deudas de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA.
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