El financista Maximiliano “Maxi” Vallejo, señalado por su cercanía con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, deberá presentarse a declaración indagatoria ante la Justicia federal. La citación se da en el marco de una compleja causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos a través de diversos clubes del fútbol argentino.
De acuerdo con la investigación, el titular de la firma Sur Finanzas está acusado de integrar una asociación ilícita que habría canalizado más de 100 millones de dólares. Según información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, esta suma se habría movido mediante operaciones con al menos 16 entidades deportivas, además de utilizarse para la compra de propiedades y bienes de alta gama con el objetivo de blanquear fondos de origen ilegal.
El modus operandi y los clubes involucrados
Los fiscales a cargo del caso, Cecilia Incardona y Diego Velasco, sostienen que el esquema delictivo incluía contratos financieros con clubes de Primera División como Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central, entre otros. Si bien en apariencia se trataba de acuerdos comerciales legítimos, la acusación señala que estos convenios encubrían maniobras defraudatorias y movimientos irregulares de dinero.
El expediente incluye una línea de investigación específica enfocada en el Club Atlético Banfield. En dicha institución, la fiscalía analiza contratos particulares que son considerados perjudiciales para las arcas del club y funcionales al presunto circuito de blanqueo encabezado por el financista.
Bienes de lujo, importaciones y la denuncia de ARCA
La investigación judicial se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA (ex AFIP), lo que derivó en una serie de allanamientos a la sede de la AFA y a varios de los clubes mencionados. Durante esos procedimientos, los investigadores hallaron documentación clave que vincularía a Vallejo con operaciones financieras extendidas en todo el ámbito del fútbol nacional.
La causa también contempla graves cargos por retención indebida de impuestos y posibles infracciones al régimen cambiario penal. En este sentido, la Justicia investiga la adquisición de decenas de vehículos de lujo —incluyendo una Ferrari California— y diversas propiedades que habrían sido registradas a nombre de sociedades vinculadas para ocultar la titularidad real de los bienes.
En paralelo, se analizan supuestas irregularidades vinculadas a la obtención de permisos de importación (SIRA) mediante un entramado empresarial compuesto por múltiples firmas, a través de las cuales se habrían canalizado los fondos durante los últimos años.
Ante el avance del expediente, el juzgado interviniente dispuso una serie de medidas cautelares, entre las que se destacan la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, al tiempo que se citó a declarar a otras personas del entorno cercano al financista.