El Estado argentino solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos una prórroga de 30 días en los plazos legales para responder al recurso presentado por los fondos demandantes en el histórico juicio por la estatización de YPF.
El pedido de la defensa argentina se produce inmediatamente después de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, diera por cerrada la etapa de primera instancia y dejara sin efecto la sentencia dictada en septiembre de 2023. Aquel fallo original obligaba al país a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones, una cifra que con la acumulación de intereses ya superaba la barrera de los US$ 18.000 millones.
Con la solicitud de extensión, la estrategia del equipo legal nacional apunta a fijar el 2 de diciembre como nueva fecha límite para entregar el escrito de oposición ante el máximo tribunal estadounidense. A través de su cuenta en la red social X, el analista financiero Sebastián Maril confirmó el pedido de postergación y recordó que se trata de un recurso habitual en este nivel judicial: “Anteriormente, los demandantes también solicitaron una postergación de su presentación original que finalmente fue presentada el 30 de septiembre y publicada el 2 de octubre”.
El último escenario del conflicto
El litigio internacional se originó tras la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La medida derivó en una extensa batalla judicial impulsada por antiguos accionistas minoritarios (Petersen Energía y Eton Park), cuyos derechos de litigio son financiados actualmente por el fondo Burford Capital.
Si bien Preska había fallado inicialmente en contra de la Argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó esa condena millonaria. Ahora, con esa anulación ya ratificada en primera instancia, la batalla final se traslada a la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si acepta o rechaza el pedido de revisión de los demandantes.