El Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la causa Vialidad, ordenó embargar un conjunto de propiedades y activos comerciales, entre los que está el departamento de la calle San José 1.111 en el que cumple su prisión domiciliaria la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
La resolución judicial se enmarca en los avances de la Justicia sobre la recuperación de 685.000 millones de pesos fijados como el monto del perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública.
Además, cabe resaltar que esta medida no implica un remate inmediato de las propiedades ni altera la titularidad de los bienes, sino que establece su indisponibilidad jurídica para evitar transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso final, según remarcó el Tribunal en su resolución.
Los jueces del caso Vialidad ya avanzaron con una primera etapa de decomiso sobre 111 bienes que están siendo tasados. Esta segunda fase en la que ahora se ordenaron los embargos había sido impulsada en febrero por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. Todavía no se recuperó ni un solo peso de la corrupción.
Más embargos
El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero que la familia Kirchner posee a través de sociedades comerciales.
En la provincia de Santa Cruz se embargaron múltiples terrenos y edificaciones. Dentro de este listado figura el predio donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad patagónica.
Asimismo, se incluyeron inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, entre los que está el chalet de la expresidenta situado en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ratificaron y fundamentaron la extensión de las medidas hacia los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no resultaron condenados en este expediente.
Además, recordaron que en la sentencia de Vialidad se probó que las maniobras defraudatorias generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para toda la familia Kirchner. El juicio demostró una estrecha relación comercial donde las firmas de Báez alquilaron, construyeron y explotaron los hoteles familiares a través de las sociedades Los Sauces y Hotesur, según se desprende del fallo.
Por otra parte, el Tribunal dispuso medidas sobre bienes pertenecientes a las empresas constructoras vinculadas a la corrupción con la obra pública. Se ordenó el embargo de cuatro inmuebles de la firma Kank y Costilla. De igual modo, se procedió contra una propiedad en Río Gallegos que Lázaro Báez adquirió a finales de 2005 mediante una cesión de derechos ajena a un proceso sucesorio previo.
Los magistrados ordenaron la reinscripción de los embargos sobre varios vehículos particulares de los condenados: un Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino de Lázaro Báez; un bote y un Chevrolet Meriva de José López; una Land Rover Defender de Mauricio Collareda; una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 de Nelson Periotti.
Finalmente, la justicia requirió al Banco Galicia que responda de forma urgente, en un plazo de 24 horas, sobre el estado de una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro, una en pesos y otra en dólares, pertenecientes a Florencia Kirchner. Esta solicitud se realizó bajo apercibimiento de ley ante los reiterados incumplimientos previos por parte de la entidad financiera a los pedidos de informes cursados por el TOF N° 2.
Ocurre que el fiscal general Diego Luciani pidió que los 5.656.134 dólares que la hija de la expresidenta tiene embargados en ese banco también integren la lista de bienes a recuperar.
Fuente Infobae
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