Con el objetivo de ratificar de manera estricta el reclamo territorial sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa propone un cambio drástico en la política exterior y de seguridad de la Argentina, endureciendo las sanciones para quienes operen sin autorización y estableciendo nuevos protocolos de defensa.
Tras el envío del texto legislativo, el presidente Javier Milei difundió una carta pidiendo a la dirigencia política “poner en pausa otras discusiones” para priorizar este debate. “Todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente. No podemos darnos el lujo de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas”, remarcó el mandatario.
Sanciones extremas y alcance total
El principal cambio de la nueva ley es que deroga el esquema vigente desde 2011 (centrado solo en hidrocarburos) para abarcar la explotación de cualquier recurso natural, ya sea renovable o no renovable, lo que incluye de lleno a la actividad pesquera.
El abanico de sanciones es contundente e incluye multas equivalentes a entre 20.000 y tres millones de barriles de petróleo, inhabilitaciones comerciales por hasta 20 años y penas de cárcel que van desde los cinco hasta los 20 años, dependiendo de la gravedad de la extracción. Un punto clave es que el castigo ya no solo recaerá sobre la empresa extractiva, sino que alcanzará a accionistas, socios y a los proveedores que suministren bienes o servicios esenciales a sabiendas de su destino ilegal.
Para asegurar que las penas se cumplan, el proyecto habilita la figura del “juicio en ausencia”, permitiendo avanzar con procesos penales aunque el imputado no se encuentre en el país. En paralelo, se crea un “Régimen de Desistimiento y Regularización”, una puerta abierta para que las empresas abandonen las actividades prohibidas a cambio de pagar multas o reconvertir sus inversiones hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino continental.
Protección aeroespacial, marítima y el Consejo de Seguridad
El proyecto va más allá de lo económico y plantea un esquema de acción directa. Establece protocolos claros para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares, así como para la detención e inspección de buques. Ante amenazas marítimas, se habilitan instancias progresivas: advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas orientadas a inutilizar la embarcación.
Para coordinar esta estrategia, la ley impulsa la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Este órgano rector centralizará las funciones diplomáticas, de defensa, inteligencia, ciberseguridad y economía. Estará liderado por el Presidente de la Nación y conformado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, junto a las autoridades de Inteligencia y de la Secretaría Legal y Técnica.
Este Consejo tendrá facultades extraordinarias ante riesgos graves e inminentes, pudiendo restringir operaciones cambiarias o comerciales, bloquear activos y elevar hasta un 75% los derechos de importación y exportación del Estado extranjero involucrado en la amenaza.