La escena transcurre en el terreno favorito de Javier Milei: una entrevista televisiva, los ojos encendidos, el tono desafiante y una frase que lo resume todo: “El que las hace, las paga”. Así, con ese eslogan de campaña convertido en sentencia moral, el presidente de la Nación cerró cualquier puerta —real o imaginaria— a un posible indulto a Cristina Fernández de Kirchner, la figura más determinante del peronismo reciente, ahora condenada por corrupción y confinada en prisión domiciliaria.
El jefe de Estado se expresó en una charla con Esteban Trebucq para LN+, en la que abordó uno de los temas más álgidos del presente político: la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta, en el marco de la causa Vialidad.
Ante la consulta sobre una eventual intervención del Ejecutivo para atenuar esa pena, Milei fue tajante:
—“Me parece un disparate”.
Y no se quedó ahí. Como quien quiere fijar posición más allá de las formas, agregó:
—“Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante. Vivo pregonando la independencia de la Justicia”.
Una línea que no solo marca distancia, sino que también intenta blindar su gestión de cualquier sospecha de afinidad o favoritismo judicial. “Tampoco me compete tener esa opinión, en el lugar que estoy”, agregó, como para dejar en claro que ni siquiera quiere rozar el tema con una opinión personal.
Cristina y el encierro con protocolo
Mientras Milei apuntala su discurso de justicia sin privilegios, del otro lado del tablero Cristina Kirchner comienza a transitar una nueva etapa de su historia política: la del encierro reglamentado. La Corte habló, y el Tribunal Oral Federal 2 ajustó los detalles de su arresto domiciliario en el departamento de la calle Juncal.
Allí, la expresidenta podrá asomarse al balcón, pero sin mirar a la calle como si nada pasara. El tribunal le restringió el contacto con la vía pública y prohibió manifestaciones hacia el exterior. También limitó visitas y el uso de medios de comunicación.
“Se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación”, redactaron los jueces. La Justicia teme, más que el ruido mediático, el ruido literal: bombos, cánticos y banderas agitando la rutina del vecindario porteño. No es solo un castigo, también es un equilibrio entre derecho y convivencia.
Monitoreo y vigilancia
La medida vino acompañada de una orden concreta: la colocación de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de la detención. El Ministerio de Seguridad ya recibió el oficio del TOF 2 y debe actuar.
Además, cada tres meses la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal deberá emitir un informe sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas. Un sistema de control milimétrico, donde cualquier desvío podría derivar en consecuencias mayores.
En paralelo, la seguridad y el orden en las inmediaciones del domicilio quedan bajo la órbita de la Policía de la Ciudad. Los jueces recordaron que existe un Código de convivencia vigente y que los derechos de la expresidenta no deben chocar con los de sus vecinos.
Mientras Milei refuerza la idea de una Justicia autónoma, Cristina —una figura que supo mover los hilos del poder desde la cúspide— enfrenta un presente marcado por los límites y la vigilancia. El tablero político argentino, otra vez, se reordena entre frases tajantes, sentencias firmes y balcones en silencio.