Por estas horas, en el corazón de muchas ciudades argentinas, la palabra “emergencia” dejó de ser una categoría técnica para convertirse en grito. Un grito que nace en la frustración de madres, profesionales, docentes, pacientes, y que recorre rutas, plazas y avenidas. Un grito que se replica, de manera casi sincronizada, desde el oeste andino hasta las llanuras del norte, pidiendo lo mismo: que el Estado no suelte la mano.
La postal se repite. En Mendoza, frente a la Legislatura, una multitud —más terca que el frío— exigía lo que ya debería ser obvio: que el Congreso apruebe la ley de emergencia en discapacidad. Las pancartas hablaban por sí solas: “No es caridad, es derecho”, “Sin pagos no hay cuidado”. Las familias y prestadores, acorralados por una maquinaria burocrática lenta y un gobierno reacio, sienten que cada semana sin respuesta es una derrota invisible.
En Córdoba, las columnas llegaron hasta la Plaza San Martín, convertida en termómetro social. Allí, bajo los tilos, se habló de pagos que llegan con tres meses de retraso, de aumentos prometidos que jamás se cumplieron, de profesionales que, a fuerza de vocación, sostienen servicios que ya no pueden financiar.
En Rosario, la escena incluyó pantallas gigantes, como si el debate legislativo fuera un partido que se jugara en tiempo real y con consecuencias tangibles. Desde la plaza San Martín, la comunidad miró, escuchó, esperó. Lo que está en juego, insisten los manifestantes, no es un artículo más de una ley, sino la viabilidad misma de las instituciones que sostienen la atención y rehabilitación de miles de personas.
Más al norte, en Tucumán, el reclamo tomó el rostro de los niños que no pueden asistir a la escuela porque las obras sociales no autorizan sus prestaciones. “El problema no es solo económico, es también moral”, dice María Teresa Díaz, con una mezcla de bronca y resignación.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, los discursos se cruzan como espadas. Algunos —como los diputados Arrieta y Acevedo— intentan destrabar el debate. Otros, con el equilibrio fiscal como bandera, prefieren que no haya sesión. “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, sentenció Guillermo Francos, jefe de Gabinete, como quien pone un candado sobre la esperanza.
Pero la calle no espera dictámenes. Ni dictámenes ni vetos. La calle empuja, interpela, rompe la inercia. Y aunque no hay horario definido para la votación, en plazas y esquinas ya se define algo más profundo: si este país será capaz de mirar a sus ciudadanos más vulnerables a los ojos y decirles, al menos por una vez, “te veo, te escucho, te cuido”.
Porque eso es, al final del día, lo que pide esta marcha federal: dignidad. Sin asteriscos. Sin dilaciones. Y sin excusas.