La maratónica sesión en la Cámara de Diputados culminó sin la aprobación de ninguna ley para abordar la problemática del endeudamiento familiar. Ante la inminente falta de votos para imponer su propio dictamen, el oficialismo impulsó una moción para devolver todos los proyectos a comisión, jugada que prosperó con 121 votos a favor y 117 en contra, gracias a la abstención clave de cinco legisladores de Provincias Unidas que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora.
El debate en el recinto expuso tres visiones diametralmente opuestas sobre cómo el Estado debe intervenir (o no) ante la toma de créditos por parte de los consumidores:
- La Libertad Avanza: El proyecto oficialista evitaba fijar topes de tasas o esquemas de refinanciación, argumentando que las regulaciones retraen el crédito. Su enfoque se centraba en la transparencia: obligaba a las entidades a detallar el costo financiero total, comisiones y seguros, y exigía una doble validación de identidad para los créditos tomados por internet, invalidando el consentimiento por omisión o “silencio”.
- Unión por la Patria, Coalición Cívica y Provincias Unidas: Proponían declarar la emergencia por 180 días y crear un esquema de refinanciación para deudas menores a dos canastas básicas. Fijaban una tasa atada a la TAMAR más un 25%, en hasta 12 cuotas que no superaran el 30% de los ingresos del deudor, además de eliminar intereses punitorios.
- Argentina Federal: Buscaba declarar la emergencia por un año (prorrogable) y poner un límite a los intereses equivalente a 1,5 veces la tasa de plazo fijo del Banco Central. También creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 35% y plazos mínimos de 24 meses para quienes destinen más del 30% de sus ingresos al pago de deudas.
La resolución de la sesión generó fuertes cruces. Mientras la diputada libertaria Silvana Giudici, encargada de pedir la vuelta a comisión, defendió la política del Gobierno asegurando que “hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, la oposición estalló. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) tildó a Giudici de “embustera”, y el radical disidente Pablo Juliano acusó al oficialismo de buscar que el proyecto “cayera en saco roto” para terminar cajoneado en las comisiones.
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