El despacho del juez Sebastián Casanello volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial del país. Este jueves, el magistrado firmó el procesamiento sin prisión preventiva del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gobierno. El delito: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El fallo, que también incluye un embargo de 14.000 millones de pesos sobre los bienes del exmandatario, se vincula directamente con el decreto 823/2021, impulsado por Fernández durante su gestión. Ese decreto obligaba a los organismos del Estado a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Según la Justicia, esa maniobra facilitó un esquema de comisiones millonarias a intermediarios allegados al poder.
En la resolución, Casanello sostuvo que Fernández “se involucró personalmente en el plan de expansión de los negocios del grupo Martínez Sosa”, broker vinculado a su entorno íntimo. Uno de los señalados como beneficiarios directos es Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, quien se desempeñó como secretaria del entonces presidente. Ambos también fueron procesados, al igual que Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y otros 33 implicados, entre miembros del exdirectorio y funcionarios ligados al circuito de contratación.
Según el informe judicial, más de 2.242 millones de pesos en comisiones pasaron por este entramado durante la administración del Frente de Todos, representando casi el 60% del total que Nación Seguros pagó en comisiones durante ese período.
La causa, que comenzó a tomar impulso en los primeros meses de 2024 tras una denuncia anónima, se consolidó con la aparición de documentación interna, movimientos financieros irregulares y testimonios que vinculan al expresidente con el esquema investigado.
Desde el entorno de Fernández no hubo declaraciones públicas tras conocerse la decisión. Sin embargo, fuentes cercanas al exmandatario aseguran que se trata de una “persecución política” y que el expresidente “demostrará su inocencia en el proceso judicial”.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas. La Justicia busca determinar si hubo dolo sistemático en la firma de contratos con sobreprecios y si los funcionarios involucrados incurrieron en enriquecimiento ilícito.
Lo que empezó como un decreto administrativo, hoy se traduce en el expediente más sensible que enfrenta Alberto Fernández desde que dejó la Casa Rosada. Y que podría dejarlo inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.