La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo capítulo este viernes. La Cámara Federal de Casación Penal denegó el pedido interpuesto por su defensa para que se le retire la tobillera electrónica y se amplíe el régimen de visitas en su arresto domiciliario.
La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. En disidencia votó el magistrado Mariano Borinsky, quien se inclinó por hacer lugar al reclamo.
De esta manera, la ex jefa de Estado continuará bajo monitoreo electrónico y se mantendrán las restricciones vigentes para el ingreso de personas a su domicilio: solo se permiten visitas de quienes no integren el núcleo familiar inmediato con un tope de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas.
Pedido de decomiso y la casa de San José
El fallo de Casación llega un día después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaran al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez.
Entre las propiedades señaladas se encuentra el departamento de la calle San José 1111, lugar donde la ex vicepresidenta cumple actualmente su prisión domiciliaria. El pedido fiscal incluye:
- 13 inmuebles de la familia Kirchner y 128 de Báez.
- 46 automóviles.
- US$ 4.664.000 de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
- US$ 992.134 de una cuenta en el Banco Galicia.
La disputa por la pensión
No todas fueron malas noticias para la ex mandataria en las últimas 48 horas. Este jueves, la Cámara Federal de la Seguridad Social falló a su favor en el litigio por sus haberes previsionales. El tribunal declaró “formalmente admisible” el recurso presentado por su defensa y resolvió suspender los efectos de la resolución de ANSES que había dado de baja su pensión no contributiva por el fallecimiento de Néstor Kirchner.
El Ministerio de Capital Humano ya apeló la medida cautelar que busca restituir el pago, el cual, al momento de su suspensión hace dos años, rondaba los 8 millones de pesos mensuales.