La Justicia de Estados Unidos estableció el 1 de junio de 2027 como la fecha de inicio del juicio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La decisión fue adoptada tras la tercera audiencia realizada en un tribunal de Nueva York.
La audiencia formó parte del proceso judicial que comenzó luego de la detención de Maduro y Flores en su residencia de Caracas el 3 de enero. Desde entonces, el mandatario permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn, tras haberse declarado no culpable ante la Justicia neoyorquina durante una comparecencia realizada en enero.
Durante esta nueva instancia judicial, se prevé que la Fiscalía y la defensa avancen en la organización y clasificación de las pruebas, además de debatir las mociones previas al juicio.
La audiencia fue reprogramada
Inicialmente, la audiencia estaba prevista para el 30 de junio, pero la Fiscalía solicitó postergarla hasta este miércoles debido a cuestiones vinculadas con la seguridad.
En el escrito presentado ante el tribunal, el Gobierno estadounidense argumentó que el cambio de fecha era necesario para resolver problemas de agenda y aspectos logísticos relacionados con el traslado seguro de los acusados, además de garantizar la seguridad pública.
Durante junio y la primera quincena de julio, gran parte del operativo de seguridad de Nueva York estuvo concentrado en el Mundial de Fútbol 2026, que concluyó el domingo.
Como ambos acusados debían comparecer de manera presencial en la sala de audiencias de Manhattan, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tuvo que organizar un importante dispositivo para custodiar su traslado desde la prisión federal de Brooklyn.
Un proceso de alta complejidad
Otro de los aspectos que concentró la atención durante la audiencia fue la situación del juez Alvin Hellerstein, de 92 años. En la comparecencia anterior, el magistrado mostró una voz fatigada y algunos lapsus, lo que generó interrogantes entre especialistas sobre su capacidad para conducir un proceso que se anticipa extenso y técnicamente complejo.
Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Cilia Flores está acusada por delitos vinculados con la importación de drogas y la posesión de armas.
En las audiencias previas, la defensa sostuvo que Maduro cuenta con inmunidad por su condición de jefe de Estado. El propio mandatario llegó a definirse como un “prisionero de guerra”.
Los abogados defensores, Barry Pollack y Mark Donnelly, podrían solicitar la nulidad del proceso argumentando presuntas irregularidades en las circunstancias y el procedimiento de la captura realizada en Caracas el 3 de enero de 2026.
Por otra parte, en abril pasado, Estados Unidos autorizó una modificación del régimen de sanciones sobre Venezuela para permitir que el Gobierno venezolano pudiera afrontar los honorarios de los abogados que representan a Maduro y Flores, un tema que también ocupó un lugar central en las audiencias anteriores.