A pesar de la reciente ofensiva diplomática y judicial iniciada por la Argentina, la empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene firme su objetivo de comenzar a extraer petróleo en las Islas Malvinas para el primer trimestre de 2028. La ratificación del plan se dio a conocer a través de la publicación del balance de resultados del primer semestre de la compañía.

El proyecto en cuestión, denominado Sea Lion, es operado en conjunto con la petrolera israelí Navitas (que cotiza en la bolsa de Tel Aviv), la cual posee el 65 por ciento de la participación, mientras que Rockhopper retiene el 35 por ciento restante. El yacimiento, ubicado en la cuenca norte del archipiélago, fue descubierto originalmente por la propia firma británica en el año 2010.

La confirmación de las operaciones petroleras se produce en un contexto de máxima tensión. Durante el mes de septiembre, el presidente Javier Milei intensificó la estrategia de reclamo de soberanía con una batería de medidas que incluyen un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncias penales contra las empresas involucradas, el envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y la intención de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional de Derechos del Mar.

Frente a este escenario, la petrolera británica destacó que tanto el gobierno de las Islas como el Reino Unido calificaron las acciones del Ejecutivo argentino como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.

Financiación garantizada y respaldo británico

Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, definió el momento actual como un “período decisivo” para la empresa y ratificó la meta de lograr la primera producción de crudo en 2028. El directivo subrayó que una reciente ampliación de capital garantiza la financiación total hasta el inicio de las operaciones, destacando además el “continuo y firme respaldo” de las autoridades británicas e isleñas.

Por su parte, desde Navitas emitieron un mensaje en sintonía, afirmando que operan bajo licencias petroleras válidas y legalmente otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas. La firma operadora del proyecto aseguró que los recientes acontecimientos impulsados por la Argentina no tendrán un efecto significativo en las actividades de desarrollo ni alterarán el calendario de ejecución previsto.