La propuesta modifica las leyes provinciales de adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657) y a la Ley de Prevención del Suicidio (Nº 27.130), con el objetivo de fortalecer el sistema y priorizar la prevención y la protección de derechos. El dictamen fue respaldado por legisladores de diferentes espacios políticos, incluyendo a José Cano, Raquel Nievas, Maia Martínez, Alejandro Figueroa y Alberto Olea.
Una Ley Construida en Consenso y con Enfoque Integral
Según Gabriel Yedlin, esta unificación de proyectos es una “señal clara de que hay un emergente social que nos interpela”, refiriéndose a la salud mental como una “epidemia mundial” que necesita una respuesta coordinada.
El proyecto es el resultado de casi un año de trabajo colaborativo que incluyó aportes de la Organización Panamericana de la Salud, facultades universitarias, colegios profesionales, asociaciones civiles y el Estado provincial. La ley propone la creación de un Programa Provincial de Salud Mental que incluye:
- Georreferenciación de recursos para optimizar la atención.
- Vademécum basado en evidencia científica.
- Estrategias de detección temprana y prevención en escuelas y centros comunitarios.
- Abordaje de las adicciones como parte integral del sistema de salud mental.
- Programa “Vuelta a Casa” para la resocialización de pacientes institucionalizados.
Yedlin destacó que la norma “garantiza derechos y amplía la cobertura” al integrar a la salud con la educación y la justicia. El proyecto, que se considera una política pública “estructural”, también contempla la creación de una Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo de Salud Mental.
El proyecto de ley ahora pasará a ser debatido en la próxima sesión legislativa, programada para el jueves 18 de septiembre, donde se espera una discusión amplia y transversal.