Este miércoles se realizó la audiencia de control de detención, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción contra Felipe Sosa, acusado del homicidio de Erika Antonella Álvarez. El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por el plazo de seis meses, medida que fue concedida por el juez interviniente.
Durante la audiencia, el fiscal Carlos Picón, a cargo de la Unidad Especializada en Homicidios de Feria, junto al auxiliar de fiscal Guillermo Giordano, expuso los fundamentos del pedido. En primer lugar, se declaró la legalidad de la detención, que había sido concretada el viernes 16 de enero en la localidad bonaerense de Pilar, tras una orden judicial vigente.
A continuación, el MPF detalló la acusación provisoria por el delito de homicidio en calidad de autor y argumentó la necesidad de mantener al imputado privado de la libertad ante los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Según se indicó, existen elementos de convicción suficientes que vinculan a Sosa con el hecho y aún restan importantes medidas de prueba por producir.
De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen ocurrió entre la madrugada del 7 y la mañana del 8 de enero de 2026 en la ciudad de Yerba Buena. La víctima habría sufrido una agresión física extrema que le provocó múltiples traumatismos en la región cráneo–facial y cervical. Luego, el cuerpo fue embolsado, trasladado en un vehículo y abandonado en un descampado de El Manantial Sur, donde fue hallado el 8 de enero por la tarde.
Finalmente, se detalló que Sosa fue localizado en Pilar tras tareas de seguimiento y análisis de cámaras de seguridad. Fue detenido en un hotel de esa ciudad cuando se disponía a retirarse en una motocicleta, quedando a disposición de la Justicia tucumana. Con la resolución judicial, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación del caso.