El reloj marcaba las primeras horas del día cuando el tribunal dio a conocer su decisión: 2 años de prisión para el acusado, un sujeto que fue señalado por un hecho ocurrido hace casi una década y que, finalmente, fue juzgado en los tribunales de Tucumán.
El caso se remonta a 2015, cuando una joven de 14 años denunció haber sido víctima de abuso. Desde entonces, la causa transitó el largo y muchas veces arduo camino judicial. Hoy, tras años de espera, llegó el veredicto: culpable, pero con una pena que no requiere cumplimiento efectivo.
La reacción de la familia no se hizo esperar. “La decisión del tribunal es una burla”, dijo la madre de la víctima, visiblemente conmovida tras escuchar el fallo. Sin embargo, agregó que hay un punto en el que siente haber logrado algo importante: el fallo prohíbe al condenado volver a trabajar con grupos de menores.
No es menor. En un contexto donde la revictimización y la falta de respuestas firmes suelen erosionar la confianza en la Justicia, esta inhabilitación marca al menos un límite: el acusado no podrá ocupar nunca más un espacio de poder o cercanía con menores, como el que supo tener cuando ocurrieron los hechos.
Afuera del tribunal, el aire era tenso. No hubo aplausos ni gestos de alivio. Solo miradas firmes y el eco de una frase que todavía resuena: “Lo importante es que no va a poder estar cerca de otros chicos”. A veces, en medio de lo insuficiente, un fallo deja una huella que al menos impide nuevas heridas.