Esta mañana se dictaron las primeras sentencias en una causa que remeció al ámbito político y social de la provincia.
Fue uno de esos días donde la rutina judicial se vio atravesada por el peso de lo simbólico. Dos de los seis acusados en el caso, Alberto Felipe López y Arturo Alejandro Augier, fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, en el que representa el primer desenlace judicial del expediente.
El caso se remonta al hallazgo de grandes cantidades de mercadería almacenada de forma irregular, presuntamente destinada a ayuda social, que fue encontrada durante un allanamiento realizado en noviembre del año pasado. Aquella escena —bolsones apilados, productos vencidos, depósitos abarrotados— generó un revuelo que rápidamente escaló a los medios y al ámbito político.
Aunque la condena no implica cumplimiento efectivo de la pena, sí deja una marca institucional: el Poder Judicial consideró probada la responsabilidad de los acusados en el manejo indebido de bienes públicos, algo que la sociedad venía reclamando desde el estallido del caso.
Aún resta el destino procesal de los otros cuatro imputados, pero estas primeras condenas representan un giro en una causa que parecía estancada y que ahora empieza a mostrar consecuencias concretas.
Mientras tanto, en los pasillos del juzgado, el clima era contenido. Sin grandes declaraciones ni alardes, la Justicia comenzó a hablar donde antes solo había silencio político. Y aunque para muchos la pena parezca leve, la condena deja en claro que el mal uso de la asistencia social tiene, al menos esta vez, un costo penal.