El fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, brindó detalles sobre el avance de la investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años asesinada en enero de este año, y confirmó que ya son dos las personas con prisión preventiva en el marco de la causa.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre la madrugada del 7 de enero —entre las 3 y las 12— y la mañana del 8 de enero de 2026, en la ciudad de Yerba Buena, el acusado Sosa habría dado muerte a Álvarez mediante violencia física directa, extrema y precisa. El ataque habría provocado múltiples traumatismos craneofaciales y cervicales.
De acuerdo a la reconstrucción fiscal, tras el crimen el cuerpo de la víctima fue embolsado en tres bolsas de consorcio, encintadas y atadas con sogas con nudos especiales. Posteriormente, habría sido trasladado en un vehículo hasta un descampado utilizado como basural en la zona de Manantial Sur, donde finalmente fue hallado el 8 de enero alrededor de las 16 horas.
El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue traumatismo craneofacial y cervical, con luxación temporomandibular, hematomas múltiples y lesiones cervicales compatibles con un mecanismo de violencia ejercido por un tercero.
Como una de las últimas novedades del caso, Gallo confirmó que este martes se llevó a cabo una audiencia multipropósito contra la diputada Gordillo. En esa instancia, el juez interviniente, el doctor Gabot, hizo lugar a los requerimientos del Ministerio Fiscal y dictó la prisión preventiva por el plazo de tres meses. Además, el magistrado avaló la teoría del caso presentada por la fiscalía en función de las evidencias recolectadas hasta el momento.
De esta manera, la legisladora se convirtió en la segunda persona detenida preventivamente en el marco de la investigación, que se inició durante el mes de enero.
El fiscal destacó el trabajo realizado por los investigadores policiales y por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que interviene con recursos técnicos, humanos y científicos. “Se trata de una investigación compleja, pero el principal objetivo es trabajar a fondo sobre todas las líneas para esclarecer qué ocurrió y determinar quiénes tuvieron responsabilidad penal en el hecho”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.