El denunciante es Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de ARCA Tucumán, quien el 29 de abril de 2025 se presentó ante la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit. Según su declaración, Luis Alejandro Ontiveros, a quien identificó como sobrino del camarista Leal, le habría ofrecido un fallo favorable para su hijo procesado por lavado de activos y asociación ilícita en Catamarca, a cambio de sumas que oscilaron entre los U$S 100.000 y los U$S 80.000. En esas gestiones también habría intervenido Solana Esther Casella, relatora de Leal y candidata a jueza federal.
Martínez aportó pruebas documentales y grabaciones de reuniones, una de ellas realizada con micrófono oculto en Yerba Buena. Con esos elementos, el fiscal Chit constató el uso de bienes oficiales de la Corte por parte de Ontiveros, la utilización de la billetera virtual del propio Leal y la presencia de otros vínculos familiares dentro del Poder Judicial.
Tras ello, el juez federal subrogante José Manuel Díaz Vélez ordenó la intervención de comunicaciones y el secuestro del celular de Ontiveros, peritado el 20 de agosto por el ECIF. Ese material será decisivo para definir si el acusado es citado a declaración indagatoria.
La explicación del abogado querellante
El abogado Juan Andrés Robles, representante de Martínez Salazar Pérez como querellante, explicó la gravedad de la causa: “Lo que aquí se investiga no es un hecho aislado, sino un mecanismo para condicionar resoluciones judiciales mediante dinero y relaciones de poder. No se trata solo de un pedido de coima, sino de la utilización de vínculos institucionales y familiares para torcer la voluntad de un tribunal. Nuestra obligación es que se esclarezca si existió tráfico de influencias y quiénes participaron”.
Robles remarcó que la prueba no se limita a un audio: “Hay capturas de chats, registros fílmicos y la comprobación de que Ontiveros utilizaba recursos asignados al camarista. El expediente no se sostiene en una única grabación, sino en un conjunto de evidencias que el fiscal deberá valorar”.
La defensa de los acusados
Por su parte, Ontiveros negó todo y habló de un “montaje para ensuciar” a su pareja Casella, quien busca convertirse en la primera jueza federal electoral de Tucumán. Su abogado, Camilo Atim, calificó la denuncia de “falsa y guionada” y sostuvo que la sentencia cuestionada fue dictada en forma unánime por cinco camaristas, lo que haría imposible cualquier manipulación. También resaltó que Casella estuvo de licencia por maternidad durante esa causa.
Respecto al audio presentado, la defensa se apoyó en un informe de Gendarmería que lo tildó de “inaudible”. “No hay un solo mensaje o grabación clara que hable de dinero”, enfatizó Atim.
Un caso que pone bajo la lupa a la Justicia Federal
Mientras el fiscal analiza el material extraído del celular de Ontiveros para resolver si lo imputa formalmente, la causa mantiene en vilo a la Justicia Federal tucumana. Además de poner en jaque la candidatura de Casella, amenaza con salpicar el prestigio de la Cámara Federal de Apelaciones, señalada en el expediente como epicentro de un presunto esquema de corrupción.