La polémica causa que sacudió a las fuerzas de seguridad de Tucumán a fines del año pasado sumó un nuevo y polémico capítulo. Dos mujeres policías de 30 y 53 años, que se desempeñaban como secretarias directas del ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán, fueron formalmente imputadas por el delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública.
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, encabezada por Mariana Rivadeneira, determinó que ambas suboficiales (una cabo y una sargento ayudante) actuaron en complicidad con las altas esferas de la dependencia para entorpecer la investigación judicial.
La maniobra de ocultamiento
Según la acusación expuesta por el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga, el hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025. Ese día, al tomar conocimiento de que la Justicia investigaba a sus superiores por el delito de peculado, las secretarias decidieron actuar rápido.
“Anticipándose a la llegada del Ministerio Fiscal a la Unidad Regional Norte, se presentaron en la oficina del primer y segundo jefe respectivamente y retiraron objetos de su interior que podrían haber sido de interés para la investigación”, detalló Lizarraga.
Tras formular los cargos, la Justicia dispuso que ambas mujeres cumplan medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de tres meses mientras avanza el proceso.
Presos como mano de obra privada: el origen del escándalo
El encubrimiento buscaba tapar un delito aún mayor. La investigación central sostiene que, entre agosto y noviembre de 2025, el entonces jefe de la URN, Gustavo Beltrán, con la colaboración del segundo jefe, Sergio Marcelo Juárez, montó una logística ilegal para utilizar recursos del Estado en beneficio propio.
Las claves de la causa principal:
- Traslados ilegales: Beltrán ordenó mover a cuatro detenidos que se encontraban alojados en las comisarías de Chuscha y Choromoro.
- Custodia oficial: Juárez autorizó la salida de dos efectivos policiales para que escoltaran a los presos.
- Trabajo: El destino final no era otra dependencia penal, sino la casa particular de Beltrán en la villa turística de El Cadillal, donde los reclusos eran obligados a realizar tareas de albañilería, pintura y herrería.
Con la imputación de estas dos secretarias, ya son nueve los efectivos policiales investigados en esta presunta red de corrupción. Cabe recordar que Beltrán y Juárez se encuentran cumpliendo prisión preventiva, al igual que el jefe de Infantería de la URN, Edim Roberto Nasser, y la jefa de personal, Fabiana Elizabet Villagrán. Otros tres empleados policiales continúan el proceso en libertad con medidas de menor intensidad.