Buenos Aires amanece con cielo gris y decisiones pesadas. En uno de los edificios oficiales, el gobernador Osvaldo Jaldo despliega una agenda que no deja lugar a pausas: las obras estratégicas y los recursos fiscales de Tucumán están en el centro de sus gestiones.
Mientras tanto, en su tierra natal, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quedó a cargo del Ejecutivo y no tardó en confirmar el motivo del viaje. “Hay temas prioritarios en discusión que no pueden esperar”, dijo con tono enfático. Uno de ellos es la licitación del tramo Bracho–Villa Quinteros, un punto clave en el avance de la doble terna eléctrica, que busca robustecer la matriz energética del sur provincial. También figura el acueducto de Vipos, vital para llevar agua a zonas con infraestructura aún pendiente.
Pero el foco más caliente no está en el cemento ni en los caños. La pulseada se libra en el terreno de los recursos. Jaldo participará de un cónclave con “ocho o nueve gobernadores” para discutir un posible proyecto de ley sobre el IVA que impulsa la Nación. La preocupación: un recorte que podría debilitar aún más los ingresos provinciales.

“Sabemos que sería trascendental para el funcionamiento de las provincias si se tocan o deterioran aún más los ingresos, como ya está ocurriendo”, advirtió Mansilla. El mensaje es claro: Tucumán no se puede dar el lujo de mirar desde la tribuna.
La capital se convierte, una vez más, en campo de batalla. Jaldo juega su partida en la mesa de los grandes, con una provincia entera detrás. El resultado de estas gestiones puede marcar el rumbo del segundo semestre.
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