El monto inicial, de $936 millones, fue multiplicado por doce a partir de actualizaciones de obra, redeterminaciones de precios y gastos adicionales vinculados a imprevistos detectados durante los trabajos que ejecuta la unión temporal de empresas Sabavisa SA–Mercovial SA. Según la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, la cifra podría incrementarse con el avance de la obra.
HTSA, en cambio, rechazó la obligación de cubrir los costos y cuestionó la necesidad y urgencia de la intervención. Además, solicitó el levantamiento de un embargo preventivo por $1.232 millones, correspondiente a desembolsos ya realizados por la Provincia en la primera etapa de las reparaciones.
El conflicto judicial se remonta a marzo de 2024, cuando el Ejecutivo tucumano llevó el caso a la Justicia Federal. Un año antes, mediante un decreto de necesidad y urgencia ratificado por la Legislatura, se había autorizado la contratación directa de Sabavisa–Mercovial, inicialmente por $688 millones. Con el tiempo, el presupuesto se incrementó a partir de inspecciones técnicas y redeterminaciones.
Desde la Casa de Gobierno argumentan que la decisión de avanzar con la obra fue indispensable para garantizar la seguridad pública y proteger el abastecimiento de agua para la población y sectores productivos.