La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) lleva adelante este lunes un paro docente en todo el país, en un escenario de fuerte tensión marcado por los estrictos controles dispuestos por el Gobierno nacional. El principal sindicato de maestros anunció la medida de fuerza ante lo que calificaron como una “permanente negativa” del Ejecutivo para convocar a la mesa paritaria nacional.
La protesta coincide con el regreso a las aulas tras el cierre de las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, provocando que no se dicten clases en los niveles inicial, primario y secundario de las escuelas públicas de todo el territorio nacional. En tanto, algunas instituciones de gestión privada podrían dictar clases con normalidad, aunque desde los gremios aseguran que se registra una alta adhesión en todo el sistema.
A través de un comunicado, el gremio encabezado por Sonia Alesso criticó con dureza las políticas oficiales: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”. El pliego de reclamos incluye, además del llamado urgente a la Paritaria Nacional Docente y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
El plan oficial para controlar el paro y aplicar sanciones
En respuesta a la medida sindical, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, comenzó a fiscalizar el acatamiento a través de sus agencias territoriales, con el objetivo de elaborar un informe nacional sobre el nivel de actividad y verificar el cumplimiento de la cobertura mínima exigida por ley.
La cartera advirtió de manera tajante que si se detectan incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales. El operativo está coordinado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que utiliza sus dependencias locales en las provincias para relevar el funcionamiento de los establecimientos y enviar los resultados a la administración central.
La estrategia oficial se fundamenta en la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Dicha norma, en su artículo 101, modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial, fijando un piso de cobertura obligatoria del 75% durante los días de huelga.
Desde el Gobierno nacional aclararon que la aplicación de multas o penalidades no será de carácter automático por el mero nivel de adhesión al paro. Detallaron que, previamente, se deberá constatar la falta, determinar la obligación concreta vulnerada, identificar fehacientemente a la entidad responsable y sustanciar el correspondiente procedimiento administrativo, el cual contará con instancias de defensa y eventual revisión judicial.