Según el planteo, se habrían utilizado recursos públicos y materiales de construcción destinados a obras comunales para edificar propiedades privadas, tanto en Las Cejas como en El Cadillal. Además, se denunció que empleados comunales realizaban trabajos personales para la familia gobernante, y que algunos trabajadores sufrían retenciones indebidas de dinero y tarjetas de cobro.
El diputado nacional Roberto Sánchez argumentó que la continuidad de Contreras en su cargo impide avanzar con una investigación imparcial: “No se puede investigar mientras sigue al frente la persona denunciada. Pedimos la intervención inmediata porque su permanencia dificulta la obtención de pruebas”.
Sánchez también cuestionó la falta de control por parte del Ejecutivo provincial: “El principal responsable es el gobierno, porque el Ministerio del Interior es quien otorga los recursos a los delegados comunales. Las rendiciones de cuentas parecen hechas en un papel de almacén, y eso es inadmisible”.
Por su parte, la legisladora Silvia Elías de Pérez advirtió que el caso se enmarca en un problema estructural de corrupción: “La corrupción mata. Deja a los tucumanos sin salud, sin rutas y sin oportunidades. El Tribunal de Cuentas ya inició un juicio por el manejo discrecional de fondos en Las Cejas”.
La dirigente también denunció intimidaciones a los testigos del caso: “Nos han contado que están siendo presionados. Esta es la provincia al revés: a los testigos se los aprieta, se los allana”.
El diputado José Cano, en tanto, fue categórico al señalar la incompatibilidad de Contreras con su función: “No puede seguir en su cargo mientras se investiga. Si robar fondos públicos es algo ‘político’, entonces no tiene sentido la existencia de los poderes del Estado. Robar no es político, venga de donde venga”.
Desde el Frente Unidos por Tucumán destacaron que la situación de Las Cejas no es un caso aislado, sino parte de un patrón de falta de control y transparencia en varias comunas rurales.
El pedido de intervención fue presentado en la Cámara Legislativa, donde deberá ser tratado en comisión antes de pasar al recinto para su votación.