El Gobierno nacional mantiene intacto el optimismo y pisa el acelerador para concretar su máxima prioridad legislativa: la reforma electoral. A través de su ala política, motorizada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la Casa Rosada busca terminar definitivamente con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque en el seno oficialista admiten que también se conformarían con una suspensión temporal.
Para lograr este ambicioso objetivo, la estrategia libertaria se apoya fuertemente en el respaldo de los gobernadores y sus bloques aliados. Según fuentes de Balcarce 50, se espera que a partir de la próxima semana comiencen a surgir expresiones públicas de los mandatarios provinciales a favor de la iniciativa, lo que le daría un impulso clave al proyecto antes de su tratamiento en la Cámara alta.
El debate formal iniciará en una semana en el Senado, tal como lo confirmó la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por el legislador fueguino Agustín Coto. Sin embargo, la matemática parlamentaria obliga al oficialismo a tejer acuerdos de forma urgente. El bloque violeta cuenta con 21 integrantes y necesita alcanzar los 37 votos para lograr la sanción. Para ello, LLA confía en el acompañamiento sin inconvenientes de los espacios provinciales, pero deberá seducir ineludiblemente a los 10 senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y a los 3 del PRO.
El escenario de alianzas presenta sus propios matices. Desde el espacio amarillo (PRO) pusieron un asterisco a la negociación: sostienen que las primarias deben seguir existiendo, aunque estarían dispuestos a que dejen de ser obligatorias. En tanto, el radicalismo aún no exhibe definiciones claras y espera ver qué ofrece el Gobierno para torcer voluntades en tiempo récord, teniendo en cuenta que el período de sesiones ordinarias finaliza el próximo 30 de noviembre. Por este motivo, ya se descuenta que, por tercer año consecutivo, el Ejecutivo deberá convocar a sesiones extraordinarias.
Tensión interna y el reloj de la Justicia
En medio de las negociaciones, las luces de alerta se encendieron dentro del propio oficialismo. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, evidenció la interna oficial al advertirle a los suyos que los votos para suspender las PASO “no están”, e incluso desafió a Santilli a que los muestre. Este cortocircuito refleja el estado de ebullición que atraviesa el espacio en horas decisivas.
A la complejidad política se le suma un apremiante factor legal. Pese a la fe libertaria, la Justicia Electoral presiona con los tiempos. El pasado 8 de septiembre, el organismo emitió una acordada advirtiendo que el Congreso se encuentra al límite temporal para modificar las reglas de juego del sistema de acuerdo a los estándares internacionales. En ese documento, la Justicia fue tajante al expresar que cualquier cambio electoral debe ser sancionado con la anticipación suficiente para garantizar su correcta implementación técnica y logística.
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