Luego de conseguir la media sanción en la Cámara baja, el oficialismo activa la cuenta regresiva en el Senado para sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil, una de las banderas de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en materia de seguridad. El corazón de la iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, reformando así una normativa vigente desde la última dictadura militar.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo del bloque libertario es llevar la discusión al recinto de la Cámara Alta el próximo 26 de febrero.
Las claves del proyecto: penas y condiciones de detención
La propuesta establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para los adolescentes que delinquen. Los puntos centrales del texto que llega al Senado son:
- Penas máximas: Se fijan condenas de hasta 15 años de prisión para delitos graves.
- Prohibiciones: La ley impide explícitamente la aplicación de la prisión perpetua para menores.
- Lugares de detención: Los condenados deberán cumplir sus penas en establecimientos especiales. El texto subraya que deben estar separados y alejados de los adultos criminales, para evitar el “contagio delictivo” y cumplir con los estándares internacionales.
Un sistema escalonado
El régimen propone un abanico de sanciones alternativas a la privación de la libertad, priorizando la resocialización:
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Delitos menores (penas bajo 3 años): Se descarta la prisión efectiva.
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Delitos medios (penas entre 3 y 10 años): Si el hecho no ocasionó muerte ni lesiones graves, se priorizarán medidas con enfoque social, educativo y restaurativo.
El debate por la “billetera”
Uno de los puntos que generó mayor fricción durante el tratamiento en Diputados fue el financiamiento del nuevo sistema (construcción de institutos, personal capacitado, programas sociales).
El diputado Maximiliano Ferraro había impulsado una cláusula para establecer un mecanismo de goteo automático y directo de fondos. Sin embargo, el oficialismo rechazó esa idea e insistió con su redacción original: el financiamiento dependerá de la firma de convenios específicos entre la Nación y las Provincias. Este será, seguramente, uno de los ejes de discusión con los senadores que representan a los gobernadores.
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