A pesar de haber negado categóricamente la comisión de cualquier delito durante su reciente exposición en el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa sumó esta semana testimonios fundamentales para esclarecer los movimientos económicos del funcionario.
La ronda de declaraciones comenzó el último lunes con la presentación de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la propiedad que Adorni adquirió a fines de 2024 en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Tabar confirmó haber recibido pagos en efectivo por una suma de 245.000 dólares a cambio de los trabajos de renovación.
Por su parte, la agenda judicial continuará este miércoles con la citación de Leandro Miano. Se trata del hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que figuró como prestamista en la operación de compra-venta del departamento que el jefe de ministros posee en el barrio porteño de Caballito. Miano está señalado como un engranaje clave en la transacción y como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra jubilada involucrada en el caso.
Viajes bajo la lupa y análisis financiero
Otro de los frentes de la investigación se centra en los gastos personales de Adorni. En los últimos días trascendió que el funcionario habría desembolsado más de 9 millones de pesos en un viaje familiar a Bariloche, Río Negro. A esto se suma el hallazgo de otros viajes de características similares, motivo por el cual la Justicia espera la inminente declaración de un nuevo testigo de identidad reservada.
Frente a estas acusaciones, Adorni sostiene que todos sus traslados y viajes familiares fueron costeados con fondos propios, que son de estricta índole personal y que no existen registros de pagos por parte del Estado. Asimismo, el vocero defendió la legalidad de su patrimonio y remarcó que sus declaraciones juradas cumplen con todo lo estipulado por la Ley de Ética Pública.
Sin embargo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) avanzará en los próximos días con un análisis exhaustivo para determinar el origen de las múltiples inconsistencias detectadas en su patrimonio, vinculadas a valores que superarían ampliamente los ingresos declarados por el funcionario desde su asunción en diciembre de 2023.
Tensión política y respaldo oficial
El plano judicial también tuvo sus repercusiones en el ámbito político. Tras el pedido de explicaciones del diputado nacional Rodolfo Tailhade sobre el uso de autos y custodias oficiales por parte de la esposa de Adorni para reuniones personales, el jefe de Gabinete anticipó que denunciará al legislador kirchnerista por presunto espionaje.
En medio de este escenario, el Gobierno Nacional decidió reforzar públicamente su apoyo al ministro coordinador, destacando su labor en la comunicación y articulación interna de la presidencia de Javier Milei. Con el respaldo de la Casa Rosada y la reapertura de la sala de periodistas acreditados, se espera que Adorni retome en las próximas horas sus habituales conferencias de prensa diarias, buscando recuperar la iniciativa oficialista.