El tribunal, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso avanzar con la ejecución del decomiso luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 quedara firme en junio pasado.
La resolución alcanza a 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra investigada, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado para el decomiso —$84.835 millones— fue actualizado a $684.990 millones, según una pericia contable basada en criterios técnicos validados por la Corte Suprema.
Ante la falta de pago de los condenados, el TOF ordenó avanzar con la realización y venta de los bienes señalados. Entre ellos figuran propiedades del empresario Lázaro Báez y de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, terrenos y departamentos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
La medida también incluye un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y otros bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró acreditado un esquema de adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz que generó sobreprecios, cartelización y ausencia de controles, favoreciendo al grupo de Báez. Ese circuito de fondos públicos, según los jueces, derivó en un crecimiento patrimonial ilícito a través de propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
El tribunal rechazó los planteos de las defensas, que cuestionaban la relación entre los bienes y el delito, invocaban sobreseimientos previos y advertían posibles afectaciones a terceros. En su fallo, los magistrados remarcaron que el decomiso exige una vinculación razonable con los beneficios obtenidos por la maniobra, no una trazabilidad contable exacta.
También citaron tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que reconoce la recuperación de activos como principio central, y alertaron que restringir el alcance del decomiso podría favorecer la impunidad económica.
Una vez finalizada la tasación, lo resuelto será informado a la Corte Suprema, que podrá disponer la afectación de los bienes al servicio de justicia. Además, se ordenó inscribirlos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y garantizar que los fondos recuperados contribuyan a resarcir el daño social, especialmente en la infraestructura vial de Santa Cruz.
Lo que había anticipado Luciani
El fiscal Diego Luciani ya había presionado para que el decomiso se ejecute sin más demoras. A fines del mes pasado, durante una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires, recordó que “el decomiso está firme” y que, tras la intimación a los condenados, “no pagaron”.
“Hay que ir por los bienes”, afirmó entonces.
Luciani, junto a su colega Sergio Mola, había solicitado al TOF 2 avanzar de inmediato con la ejecución tras vencerse el plazo de diez días hábiles para el pago solidario de $684.990.350.139,86, cifra equivalente a unos 500 millones de dólares.