La tensión entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suma un nuevo capítulo. El Gobierno nacional dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, por un plazo estricto de 180 días.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un requerimiento de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que venía reclamando información contable y administrativa a la calle Viamonte. Para llevar adelante la tarea, fueron designados el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso irrestricto a libros contables, soportes documentales y acuerdos comerciales.
Su tarea principal será la elaboración de un informe final, aunque cuentan con la potestad de presentar reportes parciales si detectan irregularidades de carácter urgente.
¿Qué buscarán los veedores en la AFA?
La lupa del Gobierno estará puesta en diversas áreas sensibles de la administración del fútbol argentino. Los focos de análisis establecidos son:
| Foco de la Auditoría | Detalles a investigar |
| Estados Contables | Revisión exhaustiva de los balances y estados financieros cerrados al 30 de junio de 2025. |
| Obligaciones Fiscales | Verificación del cumplimiento en el depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales. |
| Proyecto UNAFA | Análisis de toda la documentación vinculada a la creación de la Universidad de la AFA. |
| Relaciones Comerciales | Contratos y nexos con firmas y personas bajo observación: TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo. |
La mudanza “ficticia” y el rechazo de Tapia
La resolución gubernamental se fundamenta en objeciones previas de la IGJ. El organismo de control acusa a la AFA de retener información clave sobre el ejercicio 2025 y cuestionó duramente el intento de la entidad deportiva de fijar su domicilio legal en la provincia de Buenos Aires. Según la IGJ, esta mudanza fue “ficticia” y se realizó con el objetivo de evadir su jurisdicción.
Ante esta avanzada, la conducción de la AFA reaccionó de inmediato y sentó su postura:
- Rechazo categórico: Calificó la medida gubernamental como una “veeduría ilegítima”.
- Defensa de los números: Negó rotundamente la existencia de irregularidades en la presentación de sus balances.
- Respuesta legal: Anticipó que buscará frenar cualquier tipo de avance oficial a través de la vía judicial.
Es importante destacar que esta veeduría no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano del fútbol argentino. Sin embargo, abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos económicos más sensibles del país, cuyo resultado podría derivar en nuevas exigencias, sanciones administrativas o una guerra judicial abierta.