Con casi un centenar de muertes confirmadas por el fentanilo adulterado, tres bloques de la Cámara de Diputados impulsaron iniciativas para conformar una comisión investigadora que analice fallas en los controles del Estado y posibles responsabilidades de organismos públicos y laboratorios involucrados.
El PRO, a través de Silvana Giudici, fue uno de los que más presionó para avanzar en el tema, incluso llevando al Congreso a familiares de víctimas. Este miércoles, la comisión de Salud, encabezada por el peronista Pablo Yedlin, firmó un dictamen consensuado que incluye un pedido de informes detallado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Entre los puntos solicitados se encuentran la cantidad exacta de casos y fallecimientos confirmados, discriminados por edad, sexo, comorbilidades, estado clínico previo, centro de atención y jurisdicción.
También se pide la cronología de la detección del brote, los protocolos activados por el Ministerio de Salud y la Anmat, las medidas de remediación y control de daños, y las sanciones aplicadas a los laboratorios.
El documento exige información sobre la cantidad y tipo de lotes contaminados, resultados de los análisis microbiológicos y la existencia de medicamentos adulterados que puedan seguir circulando.
Otro aspecto en revisión será la composición accionaria de los laboratorios señalados —HLB Pharma S.A. y Ramallo S.A.—, la fecha en que obtuvieron autorización para producir esos medicamentos y las inspecciones realizadas.
Una de las propuestas para crear la comisión fue presentada por Giudici (PRO), otra por Democracia para Siempre (DPS) y una tercera por Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria). El proyecto de Giudici plantea pedir información a distintos niveles del Estado y a organismos centralizados o descentralizados, así como citar a funcionarios y actores vinculados al caso.
La comisión podría recibir denuncias y pruebas, y remitir sus conclusiones al Poder Judicial o al Ministerio Público. Su plazo de trabajo sería de tres meses.
En tanto, la iniciativa de DPS también fija un plazo de tres meses, pero apunta específicamente a establecer el grado de responsabilidad de la Anmat, HLB Pharma y todos los privados involucrados en la cadena de compra y distribución de los lotes adulterados.
“El Congreso debe investigar un hecho gravísimo que involucra a la Anmat y se ha cobrado casi cien vidas”, afirmó Pablo Juliano, presidente del bloque, quien aclaró que esta tarea no reemplaza la investigación judicial.
La diputada Carla Carrizo (DPS) sostuvo que “no alcanza un pedido de informes” y reclamó la citación de los responsables de la Anmat para explicar cómo estos laboratorios obtuvieron autorización. “Tenemos un Estado poroso, que no controla como corresponde”, advirtió. Además, su propuesta incluye un mecanismo de desempate para evitar trabas como en la comisión por el caso Libra.
Por su parte, el proyecto de Araujo Hernández plantea una alternativa distinta: crear una subcomisión dentro de la comisión de Salud, sin conformar un nuevo cuerpo.