El conflicto entre el Gobierno Nacional y la dirigencia del fútbol argentino escaló a un nuevo nivel judicial este jueves. El Poder Ejecutivo amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, elevando el monto investigado por presunta apropiación indebida de tributos a más de $19.000 millones.
La presentación fue realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el Juzgado Penal Económico N°5, a cargo de Diego Amarante. En este nuevo escrito, el organismo recaudador incorporó períodos fiscales adicionales y nuevos conceptos impositivos a la denuncia original de $7.500 millones realizada el viernes pasado, sumando ahora otros $11.000 millones al expediente.
La maniobra denunciada
El núcleo de la acusación se centra en la figura de “retención indebida”. Según el documento oficial, la AFA actuó como agente de retención —descontando impuestos y cargas sociales a terceros— pero no depositó ese dinero en las arcas del Estado dentro de los plazos legales, utilizándolo en cambio para financiarse.
El cuadro consolidado presentado por ARCA detalla que el monto global de la supuesta maniobra asciende a exactamente $19.353.546.843,85. Esta cifra abarca retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Pedido de indagatoria y prisión
Para el organismo que conduce Andrés Vázquez, la conducta de la AFA fue dolosa. Argumentan que la entidad “conocía su calidad de agente de retención… y podía cumplir con dichas obligaciones”, pero eligió no hacerlo.
La denuncia encuadra los hechos en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). Debido a la gravedad y los montos involucrados, ARCA solicitó al juez Amarante que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los demás responsables de la AFA.
La ley prevé penas de prisión efectiva de dos a seis años para este tipo de delitos. El Gobierno solicitó que se condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.