El Gobierno apelará en los próximos días el fallo del juez federal Martín Cormick, que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación. En la Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial y analizan otras alternativas para evitar afrontar de inmediato el gasto.
Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, aseguran que todavía existen herramientas para discutir la resolución. Aunque la apelación ya está definida, el Ejecutivo evalúa distintos mecanismos vinculados con el impacto presupuestario de la medida.
El origen de la disputa
La resolución judicial alcanzó al Decreto 759/2025, con el que el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas necesarias al Presupuesto.
Cormick consideró que esa condición funcionaba en los hechos como un nuevo veto a una ley que había sido ratificada por ambas Cámaras del Congreso. Por eso, ordenó al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para poner en vigencia los aumentos y demás disposiciones contempladas en la norma.
El fallo surgió a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La ley contempla recursos para salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
El argumento presupuestario del Gobierno
Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmaron que la respuesta será exclusivamente judicial y descartaron una negociación política con las universidades. El oficialismo sostiene que cualquier modificación de las partidas deberá ser discutida por el Congreso, especialmente en el marco del Presupuesto 2027, que ya fue enviado para su tratamiento.
El Ejecutivo había argumentado durante el proceso judicial que aplicar la ley implicaría un gasto superior al billón de pesos y que ese desembolso pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, el juez rechazó esa interpretación y señaló que la propia norma contempla mecanismos para afrontar las erogaciones mediante reasignaciones presupuestarias y mayores ingresos de recaudación.
Las universidades mantienen el reclamo
En el ámbito universitario ya daban por descontado que el Gobierno apelaría la decisión y anticipan que la disputa continuará en los tribunales. Desde el CIN remarcaron que mantendrán el reclamo hasta que se cumpla la ley y destacaron que ya habían obtenido anteriormente una medida cautelar favorable.
El fallo abre un nuevo frente para la Casa Rosada en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y de la convocatoria opositora a una sesión especial en Diputados. La disputa por el financiamiento universitario se suma así a otros temas sensibles que el oficialismo deberá abordar en el Congreso mientras busca preservar el superávit fiscal como eje de su programa económico.
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