El Gobierno nacional oficializó una medida clave para la regulación de las aplicaciones digitales: a través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, designó a la Secretaría de Transporte como la autoridad de aplicación del régimen que enmarca los servicios privados de movilidad y reparto.
La normativa alcanza de manera directa a las principales plataformas tecnológicas que operan en el país, tanto en el traslado de pasajeros como en la logística de bienes. Entre las firmas abarcadas se encuentran gigantes del sector como Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa, además de otras empresas que funcionan bajo esquemas similares.
División de competencias y estatus laboral
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que la supervisión operativa de estos servicios debe recaer en la órbita de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, dado que la naturaleza central de estas actividades está estrictamente vinculada a la movilidad.
No obstante, se estableció una clara división de responsabilidades estatales:
- Secretaría de Transporte: Será la encargada de aplicar el régimen específico de la actividad y supervisar su funcionamiento técnico y logístico.
- Secretaría de Trabajo: Conservará las competencias vinculadas exclusivamente a los convenios colectivos que eventualmente puedan surgir dentro de este sector.
Esta reestructuración institucional se inscribe directamente en los cambios impulsados por la reciente reforma laboral sancionada en el Congreso. Dicha legislación creó un marco particular para los prestadores de plataformas, excluyéndolos de forma expresa del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. De esta manera, se ratifica el criterio oficial de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes.
Previsibilidad para el sector
La designación de una autoridad de aplicación técnica busca saldar años de controversias judiciales y debates públicos sobre la naturaleza de los vínculos entre las firmas tecnológicas y quienes utilizan sus redes.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo principal de la medida es otorgar mayor previsibilidad regulatoria a una actividad económica en plena expansión, adecuando su supervisión a los organismos que cuentan con la experiencia técnica necesaria en materia de transporte.
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