En el marco de su política de ajuste fiscal, el Gobierno Nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos pertenecientes a distintas áreas, con el objetivo de “reducir el déficit” y achicar la estructura estatal. La medida fue publicada en el Boletín Oficial N° 35.702 y abarca dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.
Según confirmaron fuentes oficiales, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a ministerios y secretarías correspondientes, mientras que el personal continuará en funciones hasta que se definan las nuevas estructuras administrativas.
Entre los organismos que dejarán de existir figuran la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). También fue disuelto el Instituto Nacional de Medicina Tropical, argumentando superposición de funciones y escasos resultados.
Además, otros organismos serán reestructurados: el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pasarán a depender directamente de ministerios. Por su parte, la CNRT fue convertida en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencia limitada a incidentes aeronáuticos.
Asimismo, se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que concentrará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte. El objetivo, según el Gobierno, es optimizar recursos y fortalecer la capacidad asistencial.
De acuerdo con los considerandos del decreto, la decisión se basa en un diagnóstico que detectó un crecimiento “desproporcionado” de estructuras descentralizadas, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. También se señalaron casos de duplicación de funciones, irregularidades administrativas y falta de control interno.
El Gobierno indicó que los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su eventual venta o reasignación. Además, los fondos disponibles de los organismos eliminados pasarán al Tesoro Nacional.
Finalmente, el Ejecutivo instruyó a los ministerios involucrados a presentar en las próximas semanas las propuestas de reestructuración para asumir las funciones reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos afectados por la reorganización.