La República Argentina solicitó a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, que suspenda el fallo que ordena al Estado transferir el 51% de las acciones de YPF a dos fondos de inversión, como parte de la causa por la expropiación de la petrolera en 2012.
El pedido fue presentado a través de una carta firmada por representantes legales del país, en la que el gobierno de Javier Milei anticipó que apelará formalmente la sentencia en los próximos días. La administración nacional argumentó que la suspensión del fallo es “crucial”, remarcando además que cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos para su postura.
El lunes, la jueza Preska había ordenado la entrega de las acciones como compensación a los fondos Burford Capital y Eton Park, que denunciaron haber sido perjudicados por la forma en la que se ejecutó la expropiación.
Desde la Casa Rosada aseguraron que no entablarán negociaciones con los demandantes hasta tanto no haya un pronunciamiento judicial definitivo. “No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia”, indicaron fuentes oficiales.
La estrategia del Gobierno argentino se basa en disputar el monto total de la sentencia, que fue estimado en unos 16.000 millones de dólares. Según allegados al oficialismo, existen fundamentos jurídicos para reducir significativamente esa cifra.
Además, no se descarta que la Procuración del Tesoro recurra directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, en busca de frenar los efectos del fallo de Preska. En el Ejecutivo aseguran que la resolución, tal como fue planteada, resulta de “cumplimiento imposible” para el país.