El Gobierno presentó un recurso en la Corte Suprema para que suspenda la Ley de Financiamiento Universitario. En el Ejecutivo sostienen que la presentación repite el núcleo de los argumentos que ya utilizaron en la Cámara y en el decreto con el que promulgó la norma. “La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”, expresan fuentes oficiales.
La posición oficial parte de una objeción que Nación sostiene desde que vetó la ley en 2025 y luego volvió a plantear cuando el Congreso insistió con su sanción. En el decreto 647/2025, los equipos legales del oficialismo adujeron que la norma quedaba suspendida en su ejecución por aplicación del artículo 5 de la ley 24.629 hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
Ese argumento ya fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En la resolución del 31 de marzo, la Sala III confirmó la cautelar que ordenó al Estado cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes y a la recomposición de becas. Los jueces sostuvieron, en este análisis preliminar, que no se podía suspender la aplicación de una ley posterior del Congreso apoyándose en otra norma anterior de igual jerarquía.
Pese a ese revés, la Casa Rosada mantiene la misma línea de defensa y ahora la traslada al máximo tribunal. En Balcarce 50 aseguran que el recurso apunta a ganar tiempo y a sostener que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria para evitar que el presupuesto anual incurra en déficit.
En ese marco, en la mesa chica del jefe de Estado mantienen la intención de impulsar una nueva ley para modificar el costo fiscal de la norma y volver a discutir en el Congreso una salida que con menor ejecución presupuestaria. Mientras tanto, el Gobierno asegura que actualizará las partidas universitarias y cumplirá con las erogaciones mensuales que habilita la ley.
Fuentes oficiales sostienen que la adecuación presupuestaria se incorporará al presupuesto 2026 y se ejecutará en forma mensual de acá a fin de año, sin un desembolso único e inmediato por todo el monto que el Ejecutivo calcula como costo de cumplimiento. La lectura oficial es que se trata de una actualización de partidas a distribuir internamente durante el ejercicio, no de un pago instantáneo que obligue a girar toda la suma en un solo movimiento.
Esa interpretación convive con otra expectativa dentro del sistema universitario. Fuentes de la UBA también prevén que la eventual erogación sea mensual y que, por ahora, no incluya un pago retroactivo pleno. En ese sector creen además que la implementación puede volver a demorarse por la apelación judicial, lo que mantiene abierto un escenario de incertidumbre sobre los tiempos concretos de ejecución de la ley.
La disputa universitaria se suma, además, a otro frente judicial sensible para el Ejecutivo. En paralelo a la pelea por el financiamiento universitario, la Casa Rosada impulsó un per saltum ante la Corte Suprema para intentar revertir la suspensión judicial de parte de la reforma laboral. En Balcarce 50 reconocen así que el máximo tribunal ya quedó involucrado en dos dispiutas de alto “voltaje político”.
Fuente TN
Noticias relacionadas