La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará este miércoles a las 12 del mediodía una reunión de presidentes de bloque en el Senado. El objetivo principal será definir el temario de la sesión prevista para el próximo jueves 16 de julio. En paralelo, el oficialismo aguarda la habitual reunión de la mesa política para terminar de delinear la hoja de ruta de los proyectos que La Libertad Avanza buscará impulsar en el Congreso Nacional.
Las prioridades: Desregulación y nombramientos
Entre los proyectos principales que el oficialismo pretende llevar al recinto figuran el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada ley Hojarasca, ambas iniciativas redactadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
- Ley Hojarasca: Propone derogar alrededor de 70 normativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia legal.
- Propiedad Privada: Tendrá modificaciones respecto a la versión original. Si bien el Gobierno planteaba eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales, el nuevo texto incorpora cambios vinculados a la ley de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Además, el Senado pondrá en consideración los pliegos ya dictaminados por la Comisión de Acuerdos para nombramientos en la Cancillería y el Poder Judicial. Allí se destaca la extensión por cinco años del mandato del camarista del fuero laboral Víctor Pesino, quien requiere el aval de la Cámara alta para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el próximo 27 de julio.
La reforma electoral, eje de las negociaciones
La reforma del sistema de votación continúa siendo uno de los mayores intereses de la Casa Rosada y concentra las intensas negociaciones con la oposición dialoguista y los gobernadores. Las conversaciones son lideradas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con la senadora Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Por el momento, la iniciativa no reúne los consensos ni las mayorías absolutas exigidas por la Constitución para modificar las leyes electorales. Los puntos clave en debate incluyen:
- La eliminación (o suspensión) de las elecciones primarias (PASO).
- Cambios estructurales en el financiamiento de los partidos políticos.
- La incorporación de la figura de Ficha Limpia para la postulación de candidatos.
- La habilitación de listas colectoras a nivel nacional. Esta alternativa implicaría introducir modificaciones a la ley de Boleta Única de Papel, permitiendo que cada fuerza política compita con distintos candidatos al Congreso, pero traccionando votos para un único candidato presidencial.
Reformas económicas, BCRA y Ley de Inocencia Fiscal
En el plano económico, la agenda es igual de ambiciosa. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Ejecutivo avanza en modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), un proyecto elaborado desde hace más de cuatro meses por Santiago Bausili. Según detalló el titular del Palacio de Hacienda, el texto incluirá como punto prioritario que “no podrá haber más financiamiento del Banco Central al Tesoro”.
Caputo también se mostró optimista respecto al tratamiento del super-RIGI, que ya cuenta con media sanción de Diputados. “Es beneficioso para las provincias. Nuestro Gobierno es muy federal y todos los gobernadores están viendo y recibiendo esos beneficios. Genera el incentivo a que vengan industrias, y para el país es mayor empleo y mayor recaudación”, sostuvo.
Finalmente, el Gobierno enviará una versión mejorada de la Ley de Inocencia Fiscal, orientada a ingresar al circuito productivo formal los dólares que permanecen fuera del sistema bancario (estimados por el BCRA en US$ 170 mil millones).
Sin embargo, este proyecto ya cosechó advertencias desde la oposición. El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó una iniciativa paralela para excluir expresamente a funcionarios públicos y a personas políticamente expuestas de estos beneficios, argumentando que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales”.
TN