La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles a partir de las 12 del mediodía. En un temario cargado, el plato fuerte será el debate del proyecto de seguridad nacional, inteligencia y soberanía sobre las Islas Malvinas impulsado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el camino hacia la sanción definitiva asoma espinoso para el oficialismo debido a las fuertes resistencias que genera el controversial “Capítulo 7”.

El trámite parlamentario marca que, una vez que la iniciativa se vote en general, se pasará al tratamiento y desglose por capítulos. Es allí donde el apartado 7 representa el mayor obstáculo: al proponer cambios profundos al sistema electoral, requiere de una mayoría especial de 129 votos para su aprobación. Hasta el momento, esa cantidad de voluntades no está garantizada.

Ante este complejo escenario de “poroteo”, no se descarta que el Gobierno acepte a último momento retirar o modificar sustancialmente este capítulo para lograr un respaldo amplio en torno al núcleo duro del proyecto: el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen sin autorización argentina en la cuenca de Malvinas.

El polémico Capítulo 7 y la “injerencia extranjera”

El articulado que genera mayor rechazo opositor prevé multas severas a extranjeros sin residencia permanente y a personas jurídicas del exterior que financien campañas electorales en el país. Además, crea nuevos tipos penales vinculados a la “injerencia extranjera”, con penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero o que proporcionen ayuda a operaciones clandestinas.

A raíz de la lluvia de críticas iniciales, el Gobierno debió ceder y aceptó dejar fuera de cualquier persecución penal a la actividad diplomática, el ejercicio del periodismo, la investigación académica y la expresión de opiniones por parte de un Estado extranjero.

El “caballo de Troya” y las Fuerzas Armadas

Para los bloques de Unión por la Patria y la izquierda, el proyecto en su conjunto es un “caballo de Troya” que esconde una inédita y peligrosa concentración de poder en manos del Ejecutivo, dotándolo de facultades excepcionales frente a una “amenaza externa” definida de manera laxa. En este punto, la oposición advierte sobre la posible discrecionalidad para perseguir la disidencia política e incluir organizaciones en la “lista negra” del Registro de Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) ante la sola existencia de “motivos razonables para sospechar”.

Otro de los puntos que genera fuertes resquemores es el rol asignado a las Fuerzas Armadas. El proyecto habilita su participación en “operaciones no convencionales” y establece protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques, desdibujando la histórica separación entre defensa nacional y seguridad interior.

Malvinas, sanciones y el nuevo Consejo

En cuanto al núcleo de soberanía, la iniciativa original fue suavizada. Si bien se mantienen penas de hasta 20 años de prisión para directivos y proveedores de petroleras que exploten recursos en el Atlántico Sur sin permiso nacional, se dejó fuera de las sanciones a los fondos de inversión y a los pequeños accionistas (con participaciones menores al 2%). Las multas también se redujeron, pasando del rango inicial de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo, a uno de 2 mil a 40 mil.

Además, el proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será presidido por el Presidente e integrado por ministros clave. A pedido de los bloques aliados, se amplió su composición para incluir a gobernadores y autoridades legislativas. Este órgano tendrá potestad para dictar medidas de excepción ante amenazas graves, como restringir operaciones financieras, bloquear activos o elevar aranceles aduaneros. Para controlar sus acciones, se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento que deberá ser informada en un plazo máximo de 48 horas.

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