El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una norma que restituye formalmente la Ley de Tierras Rurales y establece un nuevo mecanismo de desalojos exprés para campos y viviendas usurpadas. La votación concluyó con 42 votos afirmativos y 26 negativos.

El respaldo estuvo conformado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. Por el contrario, votaron en contra el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.

El texto tuvo un recorrido legislativo complejo para el oficialismo. En una primera instancia debió retirar las modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego, y posteriormente, en la Cámara de Diputados, se incorporó la restitución de la Ley de Tierras ante el riesgo de que se derogara el DNU 70/23. De este modo, quedan reafirmados los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, junto con el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y áreas de frontera.

Desalojos exprés y plazos para inquilinos

La versión sancionada reforma el régimen de desalojos para acortar los tiempos judiciales en casos de usurpación o tenencias precarias. Bajo este esquema, un juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”, quedando habilitado a intimar la devolución en un plazo de 72 horas siempre que el propietario acredite su titularidad con prueba documental.

Para los casos de deudores morosos, la norma contempla plazos distintos: los propietarios deberán enviar una carta documento a los inquilinos que adeuden el pago de sus contratos y otorgar un mínimo de 10 días corridos, contados desde la recepción de la notificación, para regularizar la situación.

Expropiaciones y regularización de escrituras

En materia de expropiaciones, la ley restringe la facultad del Estado al establecer que la declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y con fundamentos claros. Además, fija un tope del 30% de indemnización por lucro cesante —un límite que no figuraba en el texto original— y dispone que la tasa de interés aplicable será la del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.

Por último, el proyecto introduce cambios en la Ley “Pierri” de regularización dominial, permitiendo que accedan a la escritura de su vivienda única aquellas familias que acrediten una posesión pública durante los 10 años anteriores.