El Senado de la Nación sancionó este jueves una nueva ley de discapacidad que busca dejar atrás el régimen de emergencia vigente, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, y mantiene los principales puntos del sistema actual, entre ellos las pensiones no contributivas, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
Durante el debate, el senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde, defendió la necesidad de establecer reglas permanentes para dar previsibilidad a beneficiarios y prestadores. En contrapartida, Alicia Kirchner, presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, advirtió sobre las dificultades operativas que podría enfrentar la implementación de la norma a través de las oficinas de ANSeS. Señaló que existen 427 centros en todo el país y puso en duda que tengan capacidad suficiente para atender la demanda.
Los principales puntos de la nueva ley
El texto ratifica las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio. También conserva la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud contempladas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud. Para financiar el sistema, se prevén partidas específicas del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro en caso de que los recursos resulten insuficientes. La norma también establece que el ingreso de cada beneficiario deberá mantener su poder adquisitivo respecto del año anterior.
Otro apartado incorpora controles más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y SINTyS. Ante incumplimientos objetivos podrá disponerse la suspensión preventiva de un beneficio, aunque deberá garantizarse un procedimiento que contemple notificación y posibilidad de rehabilitación provisoria.
La ley también fija plazos para regularizar eventuales deudas con prestadores: si existen pagos pendientes al momento de su sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.
Advertencias por el financiamiento y la implementación
Durante la discusión, Guillermo Andrada mencionó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculan un gasto de $600.000 millones para el año en curso. Monteverde, por su parte, citó una proyección de 1,2 billones de pesos para 2027.
La senadora radical Mariana Juri advirtió que la pérdida de partidas presupuestarias para el área no comenzó con la actual administración y pidió que el Presupuesto 2027 contemple los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. En la misma línea, Maximiliano Abad puso el foco en la operatividad del sistema y en la necesidad de evitar que los beneficiarios deban recurrir a la Justicia para acceder a sus derechos.
Por su parte, el senador peronista Pablo Bensusán reclamó un seguimiento de las auditorías y de las deudas con los prestadores. Desde el oficialismo, Ivanna Arrascaeta sostuvo que la discapacidad debe abordarse con políticas permanentes, recursos asignados y mecanismos de control que brinden confianza.
Los cruces durante el cierre del debate
En el tramo final, el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, afirmó que la dignidad de las personas con discapacidad y sus familias no puede depender de una emergencia con fecha de vencimiento. También cuestionó la gestión de las pensiones en Misiones y denunció presuntas irregularidades y prácticas clientelares en la provincia.
Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio cuestionó las auditorías realizadas por el Gobierno y afirmó que, pese a que se convocó a revisión al 91% de los beneficiarios, solo se suspendieron 141 pensiones. Además, denunció una deuda cercana a los $80.000 millones con los prestadores.
La última intervención estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien destacó el acuerdo político y social alcanzado para sancionar la norma. La senadora reconoció que detrás de la ley existen familias que atravesaron situaciones difíciles, aunque también señaló que se detectaron casos de falsedad. Sostuvo que ambas partes tenían parte de razón y defendió las condiciones establecidas en el nuevo texto frente a las sucesivas medidas de emergencia.
El Senado aprobó el ascenso del jefe de la Casa Militar
En la misma sesión, el pleno aprobó el pliego que promueve el ascenso del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar y hombre de confianza de los hermanos Milei, quien recientemente quedó a cargo de la Quinta de Olivos.
La designación obtuvo 59 votos afirmativos y tres negativos, correspondientes a los senadores de Convicción Federal Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. La legisladora salteña Flavia Royón se abstuvo.

