La primera reunión en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional terminó este miércoles con un fuerte enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición. El plenario estuvo marcado por gritos, insultos y forcejeos, en medio del análisis de la iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La tensión comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos aspectos del proyecto. Durante su intervención se produjo un cruce con el legislador libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz. En ese contexto, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su asiento, atravesó parte del salón y se dirigió hacia Guzmán. Ambos protagonizaron un intercambio de manotazos mientras otros legisladores intentaban intervenir para separarlos.
La situación escaló cuando el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen intervino desde otro sector del salón y comenzó a increpar a Grabois. Huesen lo llamó “cagón”, lo que provocó que el dirigente de Unión por la Patria dejara el cruce con Guzmán y avanzara hacia el legislador tucumano. Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, junto con el libertario Álvaro Martínez, intentaron contener a Grabois y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.
Finalmente, Grabois y Huesen quedaron cara a cara, entre gritos y recriminaciones, mientras sus compañeros buscaban separarlos y recuperar el orden en la sala. El episodio tuvo lugar durante el primer plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, presididas por los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
El proyecto que generó la discusión fue enviado por el Poder Ejecutivo y propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen sancionatorio más amplio para las actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos correspondientes. La iniciativa contempla sanciones para la explotación de hidrocarburos y otros recursos renovables y no renovables, además de penas de prisión, multas e inhabilitaciones. También establece consecuencias económicas para personas y empresas sancionadas, como restricciones para desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.